La oposición urge la creación de la Cámara de Cuentas

Los grupos de la oposición en las Cortes calificaron ayer de "graves" las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas en la gestión realizada por las empresas públicas en 2003. Tanto PP, como CHA e IU consideraron además "muy preocupante" el retraso con el que se conocen los informes, lo que dificulta la exigencia de responsabilidades y hace que la fiscalización sea "inútil". Por eso, urgieron una vez más la constitución de la Cámara de Cuentas autonómica, que acumula siete años de retraso y que permitiría controlar de forma actualizada el entramado empresarial.

Las críticas más duras llegaron de los populares. El diputado autonómico Joaquín Salvo censuró que las empresas públicas se hayan convertido en "una zona de sombra, no sujeta a la fiscalización y hurtada al escrutinio de la opinión pública". El popular lamentó que el Tribunal advierta de "deficiencias e irregularidades cada vez más graves, sin que se corrijan las anteriores o se modifiquen comportamientos". "No hay propósito de enmiendas -denunció- ni consecuencias políticas, ni administrativas, ni penales".

Como publicó ayer este periódico, el Tribunal ha vuelto a llamar la atención sobre anomalías en la contratación realizada por las diferentes sociedades, con incumplimientos en cuanto a publicidad, concurrencia y plazos de los concursos. Los mayores reproches van dirigidos a Pla-Za y a SVA. El órgano fiscalizador también cuestiona la creación de Sodemasa, por su coincidencia de competencias con Sirasa y el Instituto Aragonés del Agua, y critica las ampliaciones de capital efectuadas sin que conste autorización previa por parte del Ejecutivo autonómico. Además, destaca que solo 5 de las 29 entidades cerraron 2003 con resultados positivos, lo que obligó a aportaciones constantes de la DGA.

A este respecto, Salvo se preguntó "qué no habrá ahora", dado la "proliferación" de sociedades y organismos autónomos que se ha producido desde ese año. "Lo malo es que la gestión de estos ejercicios no se fiscalizará hasta el año 2012", señaló. Para Salvo, el informe del Tribunal -que calificó de "demoledor"- explica por qué los socios de gobierno "no tienen ningún interés" en facilitar la información solicitada por la oposición en las Cortes. El diputado recordó, en este sentido, que su grupo ha aceptado recientemente formar parte de los consejos de administración de algunas sociedades "para tratar de hacer más transparente" su gestión. Y apostó, no obstante, porque el "peso del control" de estas empresas "recaiga en el Parlamento".

En la misma línea se manifestaron también los nacionalistas. Su presidenta, Nieves Ibeas, tildó de "muy graves" las deficiencias detectadas por el Tribunal en cuanto a contratación y consideró "absolutamente necesario" que se cree ya la Cámara de Cuentas, que como subrayó, se aprobó a iniciativa de su grupo parlamentario.

"Es lo mínimo, pero al Gobierno aragonés no le interesa tenerla", constató. Al igual que Salvo, Ibeas auguró que los próximos informes que se conozcan "no serán mejores porque en todo este tiempo ha aumentado considerablemente el entramado empresarial aragonés". Para la dirigente de CHA, la Cámara resulta más necesaria que nunca, dada "la obsesión que demuestra la coalición PSOE-PAR por gestionar al margen del control al que se someten las Administraciones públicas".

También urgió la constitución de la Cámara de Cuentas el coordinador de IU, Adolfo Barrena, que recordó que su partido es el único sin representación en el Consejo de Administración de la Corporación Empresarial. Barrena denunció las trabas para conseguir información en las Cortes y volvió a exigir "transparencia y control en la gestión de las sociedades".