Faltan seis meses y medio para las elecciones, pero los partidos que sustentan el Gobierno de Aragón, PSOE y PAR, han decidido adelantar la campaña a noviembre -"anticiparse" como dice el lema- con una exhibición de su gestión desde 2000 (la coalición se estrenó en 1999). La oposición no ha tardado en reaccionar y la ha calificado de "electoralista".

Más de 11.000 empleos gracias a la inversión en I+D+i, pese a que esta partida se ha recortado en 2011 en casi un 18%; 74 nuevos colegios e institutos, pese a que varios aún siguen con barracones; más de 500 millones de euros invertidos en hospitales y centros de salud (sigue pendiente la construcción de edificios demandados como el Hospital de Teruel o el centro de salud del Barrio Jesús de Zaragoza)... Son solo algunos de los mensajes que copan las calles de la Comunidad. También hay de medio ambiente, turismo o logística. Todos con un nexo común y un mensaje: la anticipación. "Anticiparse es cuidar la salud de todos", "Anticiparse es garantizar el futuro", "Anticiparse es desarrollar nuevos sectores", muestran los carteles.

200 vallas publicitarias de ocho metros por tres, a las que se suman cuñas en la radio, anuncios en prensa y en televisión componen una campaña que -según fuentes de la DGA- pretende mandar un mensaje de optimismo y confianza a los aragoneses "en un momento en el que la economía muestra signos de recuperación". De hecho, las mismas fuentes inciden en que se trata de "una campaña para los aragoneses, para transmitir que nos hemos anticipado al futuro y que lo hemos ganado". "No habla del gobierno en ningún momento", argumentan desde el Ejecutivo autonómico, que explican que esta publicidad se mantendrá durante un mes.

El mismo periodo que ha durado la potente campaña de promoción de la candidata socialista, Eva Almunia, y cuyos anuncios aún se pueden ver en la ciudad (varios pegados correspondientemente a la nueva campaña institucional de la DGA). No obstante, algunos han sido sustituidos por los nuevos, aunque desde la DGA trataron de desvincular ambos planes de comunicación. "Las empresas con las que se han contratado las vallas son distintas", especificaron.

Pero no quisieron concretar el coste y englobaron esta publicidad en el contrato "diseño y creatividad y plan de medios de una campaña institucional", que la DGA rubricó con las empresas con las empresas Bassat y Equmedia para 2008 y 2009, en el que se gastaron 16 millones, y que se prorrogó hasta 2011. Para inyectar dinero este año, el Ejecutivo aprobó una modificación de crédito por 5 millones, que se detrajeron de partidas de departamentos como Economía o Agricultura. Para estos dos años, se han previsto 11 millones.

"Abuso institucional"

Y precisamente, este gasto, en plena crisis económica, ha levantado en armas y en bloque a la oposición. Por eso, y por "el uso de fondos públicos para hacer campaña electoral". El portavoz del PP, Eloy Suárez, calificó de "escándalo público" que se pague "la campaña del PSOE desde la DGA". "El presidente Iglesias prefiere el bombo y platillo socialista que facilitar que las entidades sociales, como Cáritas, puedan llegar a fin de mes", denunció Suárez, que consideró la campaña "un abuso institucional y una desfachatez".

La presidenta de CHA, Nieves Ibeas, criticó que desde el Ejecutivo se envíen mensajes para concienciar de los recortes en los presupuestos y "sin embargo, sí dé para más publicidad institucional" a seis meses y medio de los comicios. "Quieren aprovechar absolutamente las instituciones para lanzar a la candidata socialista, Eva Almunia. Esto es política de partido", reiteró Ibeas, que vio "oportunista" colocar las vallas al lado de las de la candidata. Avanzó que solicitará toda la información sobre este asunto, pero mostró poca confianza en lograrla.

El portavoz de IU, Adolfo Barrena, instó a la coalición a hacer balance de su gestión en las Cortes. "Esto obedece a la estrategia de PSOE-PAR de menospreciar al Parlamento y hacer autopropaganda", señaló Barrena, que lamentó, en este sentido, que no se hayan remitido aún los presupuestos. También criticó que "se utilicen los cargos institucionales para reforzar los movimientos electorales" e instó a la DGA a informar sobre "qué piensan hacer porque detrás de diez años de gestión hay 90.000 parados y numerosas empresas cerradas".