"El problema no es tanto la cantidad, que también, sino la falta de transparencia". Los grupos de la oposición criticaron ayer la opacidad con la que el Gobierno de Aragón reparte entre sus funcionarios gratificaciones que, al cabo del año, suman más de un millón de euros. PP, CHA e IU censuraron que el Ejecutivo no informe a los sindicatos sobre estos premios, tal y como exige la ley, y advirtieron de que esta forma de actuar deja abierta "la puerta a la arbitrariedad en un tema muy sensible". Mientras, desde la DGA se justificaron los pagos como una forma de compensar un trabajo extra, si bien no se aclaró nada acerca de por qué no se comunican trimestralmente a los representantes de los trabajadores.

Los más duros fueron los populares. Su portavoz en las Cortes de Aragón, Eloy Suárez, anunció que su grupo pedirá la comparecencia del consejero de Economía, Alberto Larraz. Le exigirán explicaciones acerca de por qué no se informa trimestralmente de "los importes concedidos, el tipo de servicios extraordinarios gratificados y las personas destinatarias de los premios", pese a que la ley de presupuestos obliga a ello.

"Es bochornoso que algo tan sumamente delicado y en el que puede haber todo tipo de arbitrariedad se esté tapando", afirmó. En su opinión, vuelve a suceder "lo de siempre". "Este gobierno aplica la opacidad en todos los asuntos en los que hay cierta turbidez y se suma a la máxima de que lo que no se sabe no hace daño", recriminó. Especialmente significativo le pareció al popular que, tal y como publicó ayer este periódico, un mismo funcionario, vinculado al PSOE, se haya embolsado por esta vía hasta 11.000 euros. "Eso está cerca del sueldo anual de algunos funcionarios", recalcó.

Suárez fue más allá y aseguró que no solo los departamentos de la DGA reparten gratificaciones. Según denunció, esta es también una práctica común en el entramado de empresas públicas, que se han caracterizado siempre por su "falta de transparencia". Como ejemplo, citó Sirasa, dependiente de la Consejería de Agricultura.

En similares términos se manifestaron también los nacionalistas. Su portavoz en el área económica, Chesús Yuste, insistió en que "se tiene que cumplir" la obligación de dar publicidad a la concesión de estos premios porque, de lo contrario, "se deja abierta la puerta a la duda". "La previsión de la ley de presupuestos se incluyó precisamente -recordó- para garantizar que el reparto de gratificaciones se hace bien y no se usa para favorecer a algún amigo". Para exigir su cumplimiento, los nacionalistas estudiarán el lunes qué iniciativas presentarán en la Cámara autonómica.

Por su parte, el diputado de IU, Adolfo Barrena, defendió "la transparencia total" en el gasto público y la "absoluta obligación" del Ejecutivo de enviar la información sobre las gratificaciones a los representantes de los empleados. Y aunque por el momento no se plantea una iniciativa particular sobre el tema, dijo que su partido seguirá "centrado en reclamar al Gobierno todas las explicaciones sobre a qué se destina el gasto".