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Aragón

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Al descubierto la supuesta falsificación de un informe por el que se reclaman 43 millones a la DGA

La Policía cree que un alto funcionario infló la reserva de áridos de una empresa en Plaza, lo que disparó su valor para la expropiaciónLa Administración ya pagó 2 millones, pero la multinacional sigue litigando en el Supremo.

La urbanización de Plaza llevaba este ritmo en 2003, cuando se planteó el litigio por los áridos.
Al descubierto la supuesta falsificación de un informe por el que se reclaman 43 millones a la DGA
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La Operación Minas ha destapado la presunta falsificación de un informe por parte de un alto funcionario que ha servido para reclamar más de 43 millones de euros a la Plataforma Logística de Zaragoza, cuyo socio mayoritario es la DGA. La Policía cree que el jefe de sección de Minas José Antonio Vázquez Llera, ya jubilado, infló de una forma «absolutamente espectacular e inexplicable» las reservas de áridos que podían llegar a extraerse de Plaza y cuyos derechos pertenecían a una multinacional, Hanson Hispania. Y ese informe, fechado en 2002, se emitió el mismo año en el que la DGA inició el expediente de expropiación forzosa.

Si un año antes las «reservas seguras» de áridos de la concesión ascendían a «0 toneladas», Vázquez Llera certifica el 7 de marzo de 2002, con plano incluido, que la cantidad de áridos que se podrían extraer se eleva a «41.296.000 toneladas».

Esta multiplicación exponencial no es baladí, puesto que permite a Hanson reclamar cuatro meses después a la DGA 43,7 millones de euros por la explotación de áridos de Plaza. La propia Policía destaca esta relación, claramente perjudicial para la Administración: «Los datos incorporados en el informe y los planes de labores no estarían ajustados a la realidad sino más bien a los intereses particulares de la titular de la concesión, quien obtiene un justiprecio de cuantías elevadísimas».

Por ello, la Policía imputa a Vázquez un presunto delito de prevaricación y otro de falsedad documental por firmar un informe en el que habría hecho una valoración «arbitraria que no se ajusta a la realidad y que solo pretendía favorecer los intereses particulares de Hanson Hispania en aras del proceso expropiatorio». Y le achacan que habría reflejado «datos que no se ajustan a la realidad».

Fuentes de la DGA señalaron que la empresa y Plaza llegaron a un acuerdo de expropiación sobre sus derechos de explotación de lá mina de áridos Margalejo, situada junto al gran eje viario del macropolígono. En la compensación, pactada en 2003 y que ascendió a dos millones de euros, se incluyó el traslado de la planta de fabricación de hormigón anexa. También se compensó al titular de la explotación Margalejo, cuyos derechos había cedido a Pioneer Concrete Hispanica. Esta firma fue adquirida por la multinacional Hanson en 2002.

Todo parecía solventando, pero el equipo de abogados de la empresa inglesa volvió al poco tiempo con una reclamación millonaria por los derechos de explotación de áridos sobre terrenos de Plaza, cuyo coste se eleva a más de 43 millones. «La demanda se encuentra ahora en el Tribunal Supremo tras haber sido desestimada en las instancias anteriores», indicaron.

Rechazo en Industria

El salto exponencial en la valoración de las reservas de áridos de Plaza que hizo el ex jefe de sección de Minas provocó hasta un duro escrito del director general de Energía y Minas: «Los parámetros seguidos no están apoyados en técnicas de investigación y adecuadas al recurso, ni están acordes con los métodos de evaluación de reservas reconocidos en el campo de la investigación minera».

La Policía también pone en evidencia que José Antonio Vázquez Llera fue el alto funcionario que había aprobado en el año 2000 el plan de labores de esta concesión de áridos, en el que figuraban tan solo unas reservas probables de 500.000 toneladas. E incide en que también sabía que en 2001 ya se reducía la reserva probable a 400.000 toneladas, lo que no le impidió inflar la cifra hasta superar los 41 millones.

El expediente de expropiación de Hanson pasó en 2003 a manos del jefe de servicio de Ordenación Minera para su valoración, que rechazó de plano sus pretensiones. «Se hace constar que existen contradicciones en las cifras de reservas declaradas por la propia empresa en sus sucesivos planes de labores y que precisamente es en el año 2002 (fecha en que se estaba comenzando la tramitación de los procedimientos de expropiación sobre la concesión) cuando se produce el incremento en las reservas que presenta el titular», destaca la Policía.

Dos años después, otro ingeniero de minas de la DGA realiza un último informe de valoración de la misma explotación de áridos y ratifica que las reservas tienen un valor de «0 euros» y que, si pudieran explotar los «rendimientos líquidos» en los últimos tres años, no alcanzarían ni el millón de euros.

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