La Nunciatura, la Conferencia Episcopal y el Gobierno callan ante la carta de Piris

Las autoridades eclesiales y el Gobierno central han vuelto a girar la cara otra vez en el contencioso de los bienes aragoneses que retiene el Obispado de Lérida. La Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal, por un lado, y los Ministerios de Exteriores y de Cultura, por el otro, rechazaron ayer pronunciarse ante la carta del obispo de Lérida en la que denunciaba presiones políticas y amenazaba con dimitir por el conflicto de las piezas. Sus respuestas fueron desde un frío "no hay comentarios" o "no hay declaraciones" hasta la argumentación por parte del Ejecutivo central de que no es su competencia.

En este sentido, fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores explicaron que "no está en la agenda" del Departamento este contencioso. Aunque sí son responsables de la relación del Estado español con la Santa Sede, todo indica que la devolución del patrimonio aragonés no está actualmente entre los asuntos que centran las conversaciones entre los dos Estados. Tampoco se posicionó el Ministerio de Cultura, pese a que sí tuvo un papel muy activo cuando de lo que se trató fue de devolver a Cataluña los llamados "papeles de Salamanca".

En cuanto a la Nunciatura, tampoco quisieron reaccionar ante la carta abierta de Piris. Hay que decir que el nuevo nuncio, monseñor Renzo Fratini, aún no se ha manifestado públicamente sobre este conflicto, ni sobre la actitud de rebeldía del obispo de Lérida, Joan Piris. Por parte de la Conferencia Episcopal, órgano colegial de todos los obispos, tampoco se quisieron hacer declaraciones.

El silencio que profesan los representantes de la Iglesia y del Gobierno central contrasta con la actitud contraria de las instituciones catalanas, a las que beneficia la inacción de los primeros.

Desde el departamento de Cultura de la Generalitat comentaron ayer que Piris "tiene el respaldo de todas las instituciones del Consorcio del Museo Diocesano y Comarcal de Lérida", del que forman parte, junto con el obispado y el Gobierno catalán, la Diputación Provincial, el Ayuntamiento y la Comarca del Segrià. Las mismas fuentes recordaron asimismo que tanto el actual prelado como sus antecesores "siempre han actuado de manera unánime y conjunta con todas las administraciones en el marco del Consorcio". "Este es el camino que hemos seguido y que se seguirá también en el futuro", añadieron.

Por otra parte, Josep Casanova, el que fuera durante siete años asesor jurídico del anterior obispo de Lérida, Francesc Xavier Ciuraneta, aseguró en una entrevista publicada ayer por el diario 'Segre' que "aunque venga la Guardia Suiza" es imposible "real y legalmente" ejecutar los decretos de la Santa Sede que ordenan la devolución a Barbastro-Monzón de las 112 obras. "La Iglesia no puede hacer nada si no es a través de las instancias civiles competentes", afirmó.