"Deberían esperar el resultado de las elecciones para desarrollar la ley, por si luego hay cosas que cambiar, y no generar más problemas". Con estas palabras el vicepresidente del Gobierno de Aragón, José Ángel Biel, dejaba clara su posición como representante de una de las 'patas' del Ejecutivo autonómico, el PAR, sobre la ley de lenguas que rechazó en las Cortes. Por contra, el PSOE ya ha advertido de que "las leyes están para cumplirlas y desarrollarlas", por lo que parece complicado que dé su brazo a torcer.

Con estos antecedentes y la incógnita de cómo se resolverán las tensiones entre los socios, entró ayer en vigor la polémica norma. De momento, el PSOE ya tiene prácticamente cerrado que será el Departamento de Educación y Cultura el que asumirá las competencias lingüísticas y será de esta Consejería de donde dependerá el órgano administrativo que articulará toda esta política.

En principio, no está previsto crear ninguna dirección general nueva, sino que será una estructura "ligera y ágil" formada por funcionarios que conozcan las lenguas propias (aragonés y catalán), entre otros. Según explicó el viceconsejero de Cultura, Juan José Vázquez, este órgano se encargará de analizar la ley, valorar el desarrollo en otras comunidades, mantener contactos con asociaciones y administraciones a las que les va a afectar y adoptar las primeras medidas.

Además de la parte administrativa, antes del 30 de abril -tal y como establece el texto- deberá estar constituido el Consejo Superior de las Lenguas de Aragón, un órgano consultivo integrado por quince miembros (filólogos, juristas, sociólogos y destacadas personalidades de las letras). De estos, cinco serán propuestos por las Cortes, cinco por la Universidad y otros tantos por el Gobierno de Aragón. De momento, ninguna de las tres instituciones ha empezado a valorar sus candidatos.

Mapas de las zonas de uso

Este órgano tendrá como primera tarea emitir un informe previo a la declaración de las zonas de utilización del catalán y aragonés, algo que hará la DGA. Según documentos de anteriores proyectos de ley habría unas 150 entidades locales en las que se habla aragonés y 60, catalán. No obstante, el volumen de parlantes es más elevado en el caso del catalán (unas 40.000 personas). También habrá que delimitar las zonas mixtas de utilización histórica y modalidades lingüísticas. Es decir, por ejemplo, un municipio donde no se habla estas lenguas pero tiene un instituto, cabecera de comarca, donde acuden niños de otros territorios y donde sí se usa estos idiomas.

En el calendario de aplicación, el siguiente paso tras el Consejo Superior será el de constituir las dos academias de la lengua catalana y aragonesa. Para el siguiente año, se pondrán en marcha todas las medidas educativas previstas en la ley. Entre otras, los profesores de catalán deberán superar oposiciones para ejercer en Aragón desde el curso 2011/2012.

Las relaciones con las administraciones de las zonas declaradas de utilización histórica en las lenguas propias también tienen un límite de aplicación marcado: 2013. No obstante, el viceconsejero aseguró que se irá desarrollando paulatinamente en los distintos ayuntamientos. La ley prevé que las administraciones de estos municipios dispongan de formularios en los dos idiomas y que los ciudadanos puedan dirigirse y recibir contestación en su lengua.

Vázquez, no obstante, advirtió de que no será necesario crear una oficina de traductores en cada institución, sino que se podrán establecer sistemas informatizados y estructuras centralizadas para varios municipios, por ejemplo, a nivel comarcal. En este sentido, el viceconsejero también se refirió al presupuesto necesario para poner en marcha esta ley. Aseguró que durante este año se cargará a partidas genéricas ya existentes en el presupuesto del Departamento, aunque para 2011 sí habrá consignaciones específicas para la nueva política lingüística.