La ley de Empleo Público no arranca a pesar de la resolución de las Cortes

La ley de Empleo Público de Aragón sigue durmiendo el sueño de los justos, a pesar de que todos los grupos parlamentarios instaron al Gobierno aragonés, a través de una resolución presentada por el PP en el último debate del estado de la Comunidad, a que llevara a las Cortes un proyecto de ley antes de dos meses. La mitad de ese plazo ya ha transcurrido sin que haya avances hasta el momento.

Fuentes de la DGA, que tiene preparado hace meses un borrador de la ley, aseguran que se está a la espera de que fructifiquen los contactos con los sindicatos, que no han sido convocados después del debate parlamentario. Los desencuentros de los últimos meses por las medidas decretadas por el Gobierno central y la reciente huelga general han enrarecido mucho el clima, a poco más de siete meses de las próximas elecciones autonómicas. Aun a pesar de que pudiera ser presentado un proyecto, su aprobación está casi descartada, tanto por la previsible falta de consenso como porque el coste que acarrearía es inasumible con la actual situación financiera.

Además, el borrador ya suscitó algunas críticas por parte de las centrales sindicales respecto a algunos de sus ejes fundamentales. El texto introduce planes de objetivos y complementos retributivos vinculados también a objetivos. Algo que para Daniel Alastuey, dirigente de UGT, está por definir y queda a la interpretación de la propia Administración. Ni Alastuey ni Pablo Asín, de CSI-F, creen que se "modernice" la Administración con el borrador actual, ni que entre en los problemas reales. Julio Moreno, coordinador del sector autonómico de CC. OO., considera que hay aspectos "positivos" que pueden servir como base para la negociación.

La evaluación del desempeño del puesto de trabajo, considerada como la "clave de bóveda" de la reforma del sistema de empleo público, busca mejorar la eficiencia a través del rendimiento, la motivación y la formación. Este novedoso concepto se basa en el Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por las Cortes Generales en el año 2007.

Dos años de trabajos

El proceso de elaboración de la ley comenzó hace poco más de dos años, en septiembre de 2008, con la constitución de grupos de trabajo que elaboraron siete ponencias objeto de debate entre responsables de la DGA y los sindicatos más representativos(UGT, CC. OO., CSI-F y CEMSATSE). La Asociación de Defensa de la Función Pública aragonesa, que ha denunciado su marginación en este proceso de participación, considera además que el texto "no es idóneo para avanzar en la calidad y profesionalidad de la función pública".

Tras el nuevo Estatuto Básico del Empleado Público, promulgado hace tres años, la Comunidad Valenciana ya ha aprobado su propia ley y otras comunidades como Canarias, Cantabria y Baleares la tienen muy adelantada. Cataluña, sin embargo, ha optado no por confeccionar otra norma sino por introducir directamente las modificaciones necesarias para su adaptación. En Aragón, la legislación sobre el empleo público, que es una "asignatura pendiente" como destaca Julio Moreno, de CC. OO., tendrá que contar luego además con un arduo y extenso desarrollo reglamentario.