La puesta en marcha de la jornada continua, que comenzó a aplicarse el pasado 1 de diciembre, supondrá un ahorro del 10% de la factura eléctrica para la administración autonómica. Es decir, se ahorrará en luz, calefacción y refrigeración puesto que con la jornada continua, se suprime el trabajo de las tardes para algunos trabajadores, lo que supone un menor gasto energético. En cifras, rondaría los 700.000 euros, según fuentes de la DGA.

Solo uno de cada cinco funcionarios de la DGA ha solicitado la jornada continua. En total, 1.057 empleados de los 5.630 que pueden acceder a ella. Hay que tener en cuenta que en la administración autonómica hay unos 45.000 trabajadores, pero de esta medida no pueden beneficiarse ni médicos, ni profesores, ni empleados de atención al público, ni trajadores sociales... Fuentes de la DGA explicaron que la respuesta ha sido la esperada y confiaron en que, una vez puesta en marcha, haya más personas que quieran acogerse a este sistema. Los interesados podrán solicitarla o darse de baja en los diez primeros días de cada mes.

Esta opción de trabajo, voluntaria, obliga a permanecer en el puesto de trabajo sin salir de 9.00 a 13.00, de forma que los treinta minutos de pausa deben cumplirse antes o después. La duración de la jornada es la misma, pero distribuida de forma diferente. Es decir, los funcionarios con complemento específico B (son los que se benefician) mantendrían sus 39,5 horas semanales y los del A, sus 37,5. Cumplirían la jornada en horario continuo y eliminando el descanso obligatorio de 15.15 a 16.00 y de 16.00 a 16.45, respectivamente. Hasta ahora estos tres cuartos de hora no computan como laborales, aunque el funcionario esté en su puesto. El horario de entrada se establece entre las 7.30 y las 9.00 y el de salida, de lunes a jueves, a las 18.30 como límite, y, a las 16.00, los viernes. Con estos parámetros, cada empleado personaliza su horario, aunque deberán garantizarse las necesidades del servicio.

Conciliar y mejorar el servicio

Esta medida tiene un doble objetivo: facilitar la conciliación laboral y familiar y mejorar la prestación del servicio. Con esta intención, el 18,7% de los trabajadores que pueden optar a ella la han solicitado. Por departamentos, son Ciencia, Tecnología y Universidad y Presidencia en los que más aceptación ha tenido. En el primero lo han solicitado el 43,48%, mientras que en el segundo lo han hecho el 36,45%. Precisamente, en la dirección general de Función Pública, que depende de Presidencia, se puso en marcha la medida hace casi un año en un experiencia piloto y el efecto se ha contagiado. Por contra, donde menos expectativas ha generado ha sido en Medio Ambiente. Solo 32 de 625 empleados quieren el nuevo horario (el 5,1%).

También por provincias hay diferencias. En Zaragoza casi uno de cada cinco ya ha pedido la jornada flexible. En Huesca, sin embargo, solo un 8,9% de los trabajadores aspira a personalizar su jornada y en Teruel, un 3,44%. No en vano, en estas dos ciudades las distancias son menores que en Zaragoza.

Fuentes sindicales achacaron estos "malos resultados" al temor que se ha extendido de que esta medida pueda ser un anticipo de la supresión del complemento específico B (se da para los que trabajan por la tarde, entre otros) o de un nuevo recorte de sueldo.