Si no hay un acuerdo de última hora que lo impida, los agentes de la Guardia Civil que actualmente vigilan algunos juzgados aragoneses dejarán sus puestos el próximo 1 de febrero. Según fuentes de Justicia, actualmente solo hay ocho funcionarios prestando este servicio: cinco en Zaragoza, uno en Calatayud y otro en Teruel. Se trata además de agentes en situación de reserva, que cobran un plus del propio Ministerio del Interior.

La Dirección General de la Policía y la Guardia Civil pretende ahora que sea la administración autonómica quien se haga cargo de ese plus (que no llega a los 500 euros). Y aunque la DGA no se niega, propone que se firme un convenio que regule este servicio.

En la actualidad, una empresa privada se encarga de la vigilancia de los juzgados de la Comunidad. Son en total 57 personas, un equipo que se completa con estos ocho funcionarios del instituto armado.

Fuentes de Justicia aseguran que estarían dispuestos a aumentar el número de guardias civiles destinados a la seguridad de sus edificios. E incluso se ha planteado a Interior la posibilidad de cubrir con estos agentes toda la vigilancia de los juzgados. Sin embargo, parece que no hay tantos funcionarios disponibles.

"Nos encantaría que la seguridad estuviera en manos de la Guardia Civil, pero no nos garantizan un número fijo de plazas. Y esto supone un gran problema, puesto que no se cubrirían todas las necesidades", señalan fuentes oficiales del departamento.

No parece que el problema sea económico, puesto que Justicia estaría en condiciones de asumir este coste. En cualquier caso, si el convenio no sale adelante, el Gobierno aragonés tendrá que seguir confiando la vigilancia de las sedes judiciales a una empresa privada.