La Fiscalía de la Audiencia Nacional pedirá en el juicio por el caso del Yak-42 cinco años de prisión para el general de Sanidad Vicente Navarro y sendas penas de cuatro años y medio para sus subordinados el comandante médico José Ramírez y el capitán médico Miguel Sáez por un delito continuado de falsedad documental relacionado con el modo en que identificaron los restos de las víctimas de aquella catástrofe aérea. El fiscal del caso, Fernando Burgos, entiende que los acusados atribuyeron identidades de forma aleatoria a treinta de las 62 víctimas, decisión que derivó en la entrega de sus cadáveres a familias erróneas y su posterior entierro o incineración en lugares que no les correspondían.

En su escrito de acusación, presentado ante el juez instructor Fernando Grande-Marlaska, Burgos solicita además para el general Navarro una multa de 60.000 euros y cinco años de inhabilitación por entender que, al elaborar la lista de fallecidos, rellenó "a capricho" los espacios en blanco correspondientes a los treinta soldados que los forenses turcos no pudieron identificar. Para los oficiales Ramírez y Sáez, que realizaron el posterior informe de las necropsias, pide sendas multas de 24.000 euros y cuatro años de inhabilitación.

La Fiscalía también reclama que los cónyuges, padres e hijos de los 30 soldados mal identificados sean indemnizados con 25.000 euros por el "grave daño moral" que les provocó el calvario de conoce que habían velado cadáveres que no eran los suyos, y después desenterrarlos e intercambiarlos entre sí. A dos de esas familias ni siquiera les quedó ese consuelo, pues tras el proceso de identificaciones por ADN se enteraron de que sus hijos habían sido incinerados y sus cenizas esparcidas. Si los acusados no pudieran pagar esas cantidades, el fiscal pide que las abone el Estado como responsable civil subsidiario.

General exculpado

El juez Grande-Marlaska procesó hace unos días a estos tres oficiales, pero excluyó de la acusación al general José Antonio Beltrán Doña, que también se desplazó a Turquía por orden del entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, para coordinar toda la operación de recuperación de los cuerpos y efectos de las víctimas. La Audiencia Nacional entiende que Beltrán no intervino en la realización de las autopsias, y se limitó a firmar el acta de entrega de los cuerpos.

El juez Grande-Marlaska investiga en una pieza separada de este sumario las presuntas irregularidades cometidas por Defensa en el proceso de contratación del avión siniestrado. El juez ha imputado a cinco ex altos mandos, entre ellos al anterior jefe de Estado Mayor de la Defensa, Antonio Moreno Barberá, por un presunto delito de imprudencia grave con resultado de muerte. Estos cinco oficiales, que desempeñaban altas responsabilidades en el Estado Mayor Conjunto (EMACON) cuando se produjo el siniestro, tendrán que declarar en el despacho del magistrado los días 23 y 24 de junio.