La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Zaragoza envió ayer a los juzgados un primer bloque de contratos públicos adjudicados por el Gobierno de Aragón entre 2004 y 2005 en los que ha apreciado indicios de un posible delito de prevaricación administrativa. Ahora será el Juzgado de Instrucción número 12, sobre el que ha recaído el asunto por reparto, el que tenga que averiguar si existe o no alguna ilegalidad.

Este es el primero de los seis 'paquetes' de contrataciones que envía el Ministerio Público a los juzgados de la plaza del Pilar, pero el resto irán llegando en los próximos días. Todos ellos proceden a su vez de la investigación efectuada por la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, que detectó irregularidades administrativas en el procedimiento de adjudicación de determinados contratos efectuados por el Gobierno aragonés en esos años.

Posteriormente, la Fiscalía de la Audiencia llevó a cabo su propia indagación y concluyó que trece contratos, por una cuantía aproximada de 479 millones de euros, merecen ser investigados judicialmente. Estos afectan a siete consejerías de la DGA y fueron tramitados directamente por los departamentos o a través de empresas públicas que dependían de ellas.

Un grupo de contratos sospechosos corresponden al Instituto Aragonés del Agua, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y, en concreto, al Plan Especial de Depuración. De hecho, de los 479 millones de euros en cuestión, 354,4 corresponden a este plan. Según el Tribunal de Cuentas, algunos de los criterios selectivos y los baremos de los informes de valoración de los contratos se desglosaron después de abrir los sobres y conocer a los licitadores. También se cuestiona la renovación de la conducción de abastecimiento hasta la red general y construcción de una potabilizadora en Monzón, en la que se invirtieron 3,4 millones.

Otro contrato se refiere a la adjudicación de las obras de reforma del Museo Pablo Serrano de Zaragoza, correspondiente al departamento de Educación cuando era consejera Eva Almunia. El Tribunal de Cuentas concluyó que la redacción del proyecto de ampliación y la dirección facultativa se adjudicó por 1,4 millones de euros y se hizo sin «publicidad ni promoción de concurrencia, sin acreditar los supuestos que habilitan la utilización de dicho procedimiento de adjudicación». La ampliación del Pablo Serrano costó 28,5 millones de euros, siete más de lo previsto en principio. Desde la DGA nunca se ha hablado de 'desfase', sino de 'reajuste', debido a un problema de cimentación y a otro de climatización.

Una tercera adjudicación bajo sospecha es la redacción del proyecto y ejecución de la reforma de la glorieta y aparcamiento subterráneo de Teruel, que costó 10,2 millones. En esta ciudad también se investiga la rehabilitación del antiguo convento de las Carmelitas como sede administrativa de la DGA, cuyo coste ascendió a 616.836 euros.

También se detectaron deficiencias en la adjudicación de la reforma y ampliación del Hospital de Barbastro (9,5 millones de euros). El Servicio Aragonés de Salud otorgó menor puntuación a uno de los aspirantes al contrato (pese a que le correspondía) y eso fue determinante para que no lo obtuviera, según consta en el informe. Estas «deficiencias» en la adjudicación se están analizando.

Igualmente, se examinará la construcción de dos colegios, uno de la avenida de Monegros de Huesca (3,1 millones) y otro en Parque Goya II de Zaragoza (3,5), así como la adjudicación del servicio de transporte sanitario terrestre no urgente en Aragón (24,9 millones).