CON la discreción que ha de guardarse ante un asunto sub iúdice, el Obipado de Barbastro-Monzón dejó ayer constancia de su satisfacción por el informe fiscal favorable al exequátur solicitado por la diócesis aragonesa. No es para menos. El exequátur es la fórmula por la que un juzgado civil puede ordenar que se cumplan en España las sentencias del Vaticano. Es decir, que los bienes sean devueltos a sus propietarios. Puesto que la Santa Sede, ante la desobediencia contumaz del obispo de Lérida, no tiene medios para hacer ejecutar sus sentencias, la orden de un juzgado civil significaría un paso fundamental. El documentado informe fiscal contiene aspectos de enorme interés para la causa de Aragón. Además de considerar acreditado que el decreto vaticano es «una resolución firme y auténtica», subraya que las resoluciones de la Iglesia han de ser reconocidas en España y también que la catalogación de las obras por Cataluña «no prejuzga la propiedad de los bienes». A la espera de lo que dictamine el juez, el informe fiscal aporta interesantísima doctrina a un litigio por la causa irrenunciable de la justicia.