MEDICINA LEGAL

La edad de la inocencia (o la del pirata)

Tener 18 años en España significa cruzar la frontera de la mayoría de edad civil y afrontar las consecuencias plenas de los actos. Los forenses tienen la solución para descubrir las mentiras sobre la edad: el protocolo EVEMA. En Aragón, cada año se examina a unos 30 jóvenes.

De izquierda a derecha, Jesús Obón (odontólogo) y los forenses Salvador Baena y Paulino Querol.
La edad de la inocencia (o la del pirata)
J. C. ARCOS

Niñez, pubertad, adolescencia, juventud, madurez, vejez... El ciclo de la vida está claro para todos, pero hay que estar registrado e ir con el DNI por delante para demostrar la edad y el sexo. De ello dependerá todo: desde poder empezar el colegio hasta morirse con un nombre. ¿Pero qué ocurre cuando se ignora cuándo se nació y se es un indocumentado?

 

La historia de Abdu Willy, el joven pirata somalí capturado por participar en el secuestro del barco atunero 'Alakrana' -que sigue en poder de los delincuentes, con 36 tripulantes a bordo- ha levantado una polémica judicial más ficticia que real, pues los profesionales tienen medios para averiguar su edad y, de hecho, es algo que se hace de forma habitual. Lo que no es normal es que los jueces ignoren los informes de los forenses y planteen conflictos de competencias, como ha ocurrido con los de la Audiencia Nacional y los de Menores de Madrid.

 

Pero para evitar casos como este y, sobre todo, para dar seguridad tanto al examinado como a quien lo solicita y también al científico, los médicos forenses del Instituto de Medicina Legal de Aragón han establecido un protocolo que está pendiente de ser aprobado por la DGA y que podría ser exportado a otras comunidades autónomas, si se le dota de medios. El proyecto, denominado EVEMA (Equipo de Valoración de la Edad del Menor en Aragón), fue impulsado por Fernando García Vicente, Justicia de Aragón, preocupado por el notable incremento de llegada de personas indocumentadas y no registradas, generalmente inmigrantes menores de edad o que dicen serlo, para evitar ser expulsados.

 

Los forenses Paulino Querol y Salvador Baena (este último también antropólogo) y el odontólogo Jesús Obón, así como otros profesionales, se pusieron manos a la obra para elaborar un protocolo que sirva para averiguar la edad de una persona con un margen de error mínimo. En este proceso debe participar un equipo multidisciplinar que integre una especie de tribunal que determine, de acuerdo con las pruebas que se practiquen, la edad del examinado. El equipo EVEMA lo formarían médicos forenses (entre ellos antropólogos y odontólogos), radiólogos, equipos psicosociales, educadores y otros. También se verían implicados el Hospital Royo Villanova y el Miguel Servet a la hora de hacer pruebas radiológicas y dentales.

La prueba de la muñeca

Para averiguar la edad, los profesionales disponen fundamentalmente de tres pruebas. La que ya se ha hecho popular, a raíz de caso del pirata somalí, es la de la muñeca, que en realidad es el examen radiológico del esqueleto de la mano izquierda. También pueden hacer un análisis del estadio de la dentición. Una tercera es hacer una radiografía o una resonancia de la clavícula. Estos tres métodos son los que se usan habitualmente pero, como recuerda Salvador Baena, "todos son válidos pero ninguno es infalible". Y ahí es donde entra el protocolo de los forenses aragoneses: lo ideal sería emplear los tres y añadir un cuarto que consistiría en un examen físico con variables antropométricas y un informe psicosocial.

"Una entrevista bien llevada por profesionales puede arrojar datos que sirvan para fijar la edad de un menor. Las películas, los juegos o la música que conozca pueden ser esclarecedores", subraya el antropólogo.

Pero no solo se trata de juntar los tres métodos y añadir un tercero. Los forenses son unánimes: las tablas que se emplean en la actualidad para comparar los resultados están basadas en mediciones europeas y de otros países desarrollados, como Canadá, las cuales no tienen nada que ver con el abanico de razas que están y llegan a España en la actualidad.

"No es lo mismo un caucáseo, que un eslavo, que un africano, o que un asiático. Además, los estados de maduración ósea son variables y dependen de otros factores, como la alimentación", manifiestan. En el caso de las tablas para la radiografía de la mano, las mediciones están hechas con gente europea y no es trasladable a los africanos. Es frecuente que cuando un inmigrante llega en pateras esté desnutrido y lleve muchos días sin comer y beber. Un estudio radiológico de su muñeca en esos momentos y otro efectuado un mes después, cuando ya se ha engordado quince kilos, no tiene nada que ver.

 

Treinta exámenes al año

Con la ortopantomogafrafía o radiografía dental sucede algo parecido. Se suele analizar el tercer molar o "muela del juicio" cuando, por evolución, tiende a desaparecer porque los occidentales hace mucho tiempo que ya no mastican -"todo se come muy blando", apunta Jesús Obón- y los molares en los africanos, por ejemplo, son diferentes. Por eso, será preciso crear una base de datos con radiografías de amplias poblaciones de menores, de distintas edades y razas para poder comparar. "Cuando esto suceda y cada profesional sepa lo que tenga que hacer y todo se valore en un equipo, el protocolo funcionará solo", apunta Paulino Querol.

 

En Aragón se examinan al año alrededor de 30 jóvenes, normalmente a petición de la Fiscalía, los jueces, la DGA o la Delegación del Gobierno.

Las peticiones más comunes que reciben los forenses son para averiguar si un joven inmigrante e indocumentado es realmente menor. Este joven puede estar bajo la tutela del Gobierno de Aragón bien por que esté desamparado o bien porque haya delinquido. En cualquiera de los dos casos es preciso determinar su edad para saber qué se debe hacer con él. En el primero, para enviarlo a un centro adecuado hasta su mayoría de edad y, en el segundo, para ingresarlo en un reformatorio o en una prisión. Económicamente también tiene su precio. La manutención y formación de un menor ronda los 30.000 euros. En prisión, unos 6.000.

 

Pero los casos no solo se ciñen a inmigrantes. Hasta hace poco era habitual en España que el pueblo gitano no registrara a sus niños. Este paso solo lo daban cuando se les exigía una documentación para acceder a algún servicio o prestación. Ahora también sucede con los niños rumanos gitanos que son detenidos cuando cometen delitos. Estos se lo saben de memoria y siempre dicen que tienen menos de 14 años, porque saben que a esa edad en España no se es responsable penalmente.

 

Pero no solo se requiere los servicios de los forenses en el ámbito delictivo. También sirve para cazar a deportistas tramposos o solucionar desaguisados. Salvador Baena recuerda que una vez fue requerida su pericia para averiguar la edad ¡y el sexo! de una mujer de 75 años, con hijos y con nietos, que quería hacer una declaración de herederos y, al pedir su partida de nacimiento, se descubrió que los tomos del registro se habían perdido en la Guerra Civil.