La Diputación Provincial de Huesca sacó ayer adelante con los únicos votos del PSOE una propuesta de resolución en la que se respalda, entre otros puntos, llevar agua del Ebro a Barcelona desde el campo de Tarragona. Los socialistas escudaron su apoyo en "el principio de solidaridad territorial y desde la aplicación de las prioridades de uso establecidas en la actual Ley de Aguas". Los representantes de PAR y CHA votaron en contra de este punto y el PP se abstuvo.

El pleno extraordinario celebrado ayer se convocó para debatir una moción del grupo popular que reclamaba un posicionamiento de esta institución ante el trasvase de aguas a Barcelona. El propio PP modificó el texto con tres enmiendas de adición, el PSOE propuso cinco cambios y el PAR una enmienda de sustitución a la totalidad. La propuesta de los aragonesistas fue rechazada al inicio y no llegó al debate por lo que el PAR votó en contra de todos los planteamientos.

Así, se aprobó instar al Gobierno de Aragón a emitir el informe preceptivo que requiere el Estatuto de Aragón para la transferencia de caudales del Ebro. Fue el único de los puntos de la propuesta del PP que obtuvo apoyo, ya que el resto se rechazó o sustituyó. Contó con los votos de PSOE, PP y CHA.

Los socialistas de Huesca llamaron a la solidaridad de Aragón porque "el agua para beber no se le tiene que negar a nadie". En el texto aprobado se acepta "la urgente y temporal necesidad de atender el abastecimiento de agua para consumo humano en el área metropolitana de Barcelona, dentro de una situación excepcional de emergencia, con los caudales excedentarios de la concesión de cuatro metros cúbicos por segundo otorgados a la provincia de Tarragona" en 1981.

Miguel Gracia, vicepresidente de la DPH, afirmó que, según el informe del decreto, "no se trata de un trasvase sino de coger el agua de una cuenca interior de Cataluña donde no se crea un derecho nuevo". "Pero vamos a esperar a nuestros informes para ver si tenemos que recurrirlo o aceptarlo", añadió. Y apuntó que "no se puede comparar una traída de agua de Tarragona a Barcelona, para abastecer a una ciudad de agua de boca con 40 hectómetros, a un trasvase, el del PP, con 1.100 hectómetros para políticas insostenibles de desarrollo urbanístico en el arco mediterráneo".

Para la portavoz del PP, Sandra González, lo ocurrido ayer en la DPH fue "un ejercicio de cinismo" porque "hablamos de un trasvase que el PSOE derogó en 2004". Y quiso dejar claro que "lo que el PP defiende es el Estatuto de Aragón y a los aragoneses".

La Diputación instó al Gobierno central a que, resuelta la emergencia o tan pronto como entre en funcionamiento la desaladora de Llobregat, deje sin efecto el suministro a Barcelona, lo que tuvo el apoyo del PSOE, la abstención de PP y CHA y el voto en contra del PAR. También se aprobó mantener la reivindicación de las obras del Pacto del Agua y rechazar "los trasvases o transferencias a otras cuencas que supongan derechos concesionales y, especialmente, el trasvase al arco mediterráneo propuesto por el PP".