La diócesis de Lérida requerirá al museo y al consorcio que faciliten la entrega

El Obispado de Lérida informará oficialmente en los próximos días a la directora del Museo diocesano en el que se encuentran actualmente los bienes y al presidente del consorcio que lo gestiona sobre su intención de ir a buscar algunas de las piezas que son de su propiedad. En concreto, la diócesis informará a través de un requerimiento que, de las más de 1.000 obras de arte de la Iglesia que se exponen en el museo, tiene intención de trasladar las 113 obras de arte sacro aragonesas.

El requerimiento estará dirigido en el sentido de solicitar que se facilite la tarea, además de establecer todas las cuestiones técnicas que son necesarias para movilizar este tipo de obras.

Si se ajustan a la legalidad, ni la directora del museo diocesano ni el presidente del patronato deberían impedir la devolución, en cuanto que en ningún momento la Iglesia ha cedido la propiedad de las piezas ni éstas han sido compradas por el museo diocesano o por el consorcio. De esta manera, se tratará simplemente de la comunicación del dueño de un bien que informa al responsable del lugar en el que está ubicado que tiene intención de cambiarlo de sitio.

Una vez que se den estos pasos, queda por ver si las autoridades del museo facilitarán que la entrega se produzca dentro del plazo marcado (finaliza el próximo 30 de julio), si ponen pegas para alargarlo por motivos técnicos o si directamente responden que en ningún caso permitirán a la Iglesia ir a buscar esas piezas de su propiedad.

Si los responsables del museo y el consorcio optan por la última vía y deciden retener las piezas, sus propietarios podrían verse abocados a denunciar la situación en comisaría. Como se recordó en el acuerdo firmado el pasado lunes por el administrador apostólico de Lérida, Xavier Salinas, y el obispo de Barbastro-Monzón, Alfonso Milián, la Constitución protege la libertad de cada uno a moverse por el territorio español con sus bienes. Aunque esto ya no lo decía el texto, diferentes implicados sí han recordado posteriormente que retener bienes ajenos es un delito.

Pero además de pedir la aplicación del Código Penal para los responsables que impidan poner los bienes a disposición de su dueño, otro paso paralelo que no se ha descartado si se llega a esta situación es convocar la llamada comisión Iglesia-Estado. Este ente es el órgano común que hay entre el Estado Vaticano y el Gobierno español para coordinar todo lo relacionado con el Concordato. Entre otros aspectos, el Concordato reconoce los actos jurídicos de la Iglesia, desde las sentencias de los tribunales vaticanos a por ejemplo los matrimonios celebrados por un sacerdote. Es por este motivo que el Gobierno central estaría obligado a forzar la ejecución de la sentencia en caso de que las autoridades catalanas pongan trabas.