El Gobierno de Aragón aprobará el próximo martes en el Consejo de Gobierno retirar el pleito con el Estado por las mermas tributarias, pese a recibir la mitad de la cantidad exigida. Lo hará sin tener completamente cerrado el acuerdo (hay un plazo de seis meses para la transacción de los bienes transferidos) y sin una valoración propia de los activos que percibirá. Tampoco se habrán resuelto "las inseguridades jurídicas" de edificios y solares en los que existen dudas en su propiedad, usufructos y derechos de reversión. Es más, aún hay un plazo de un año para acordar y valorar el traspaso de los parques de maquinaria y unos solares en Villanueva de Gállego. De esta forma, la DGA cumplirá su parte del acuerdo con el Estado sin margen de arrepentimiento.

La fecha del trámite la anunció ayer el consejero de Economía, Alberto Larraz, durante el pleno de las Cortes en el que recibió el respaldo del presidente de Aragón por su gestión en este asunto. "El consejero es el que está buscando una buena solución a este viejo conflicto", justificó Iglesias ante la petición del PP de cesar a Larraz.

El portavoz popular, Eloy Suárez, discrepó: "Es un consejero que gestiona mal, negocia peor, derrocha recursos, suele faltar a la verdad y oculta habitualmente información". Y puso varios ejemplos: Savia, los presupuestos, las mermas... "El señor consejero está arreglando aquello que provocó un gobierno del PP", insistió Iglesias. Y ahí comenzó la bronca y acabó el debate. Los populares negaron la mayor y recordaron que el informe del Consejo de Estado fecha algunas de las reclamaciones de la DGA en época de gobiernos de Felipe González. Iglesias insistía en que el núcleo de la reclamación procede de una disminución de ingresos por una rebaja de impuestos en época de Aznar, a la vez que consideraba "un ejercicio de cinismo" la actitud del PP. Mientras, Suárez solicitaba con ahínco poder leer el informe del Consejo de Estado y acusaba al presidente de mentir. Y en las bancadas socialista y popular animaban a sus líderes en la contienda dialéctica, en la que el presidente de las Cortes se esforzaba -sin mucho éxito- en templar los ánimos. Daba al mazo, pero era ignorado por los protagonistas. Permitió a Iglesias intervenir durante más tiempo y provocó el enfado popular. Al final, Pina zanjó el conflicto como pudo: "El debate está concluido".

Comenzaba entonces la siguiente iniciativa en la que CHA acusó a Iglesias de "adormecer a la sociedad" y criticó que la DGA "no defiende los intereses de Aragón". "Está regalando dinero", en referencia a los 300 millones que ha perdonado en el cobro de la deuda. Iglesias se defendió argumentando que el Ejecutivo "ha combinado la exigencia cuando es necesario y la negociación cuando es necesario", recordando que su Gobierno ha interpuesto once recursos de competencia y otros tantos de inconstitucionalidad.

CHA augura problemas

El pleno concluyó igual que había empezado: con las mermas como protagonistas. Yuste, que preguntó a Larraz por qué no había solicitado al Consejo Consultivo que se pronunciara sobre el fondo del acuerdo, auguró que "los problemas del pacto acaban de empezar" y "nos va a tocar pagar". El consejero defendió que el único problema son las valoraciones que hace la oposición (son las que aparecen en el informe del Consejo de Estado) y que tendrán toda la información en seis meses, cuando esté todo cerrado.