Desde suplementos en las nóminas que no estaban incluidos hasta desfases no anunciados en la contrata de limpieza. El Ejecutivo PSOE-PAR ha reclamado oficialmente al Gobierno central la revisión de la transferencia de Justicia ante los problemas que tiene para prestar con la partida pactada un servicio correcto con medios adecuados. Solicitan 7,4 millones de euros al año más que el precio inicialmente acordado en 2007, que se elevaba a 49,2 millones de euros. Además, reclaman 30,9 millones de euros extra en concepto de obras (a pagar en tres años) que no admiten más retrasos. La reclamación se formalizó en la comisión bilateral Aragón-Estado que se celebró el 8 de enero y ha sido ya trasladada al Ministerio de Justicia, que aún no ha contestado. No será fácil que acepte reconsiderar las cifras que en 2007 dio por buenas el Ejecutivo PSOE-PAR.

En concreto, el pacto al que llegó el vicepresidente José Ángel Biel con el entonces secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez Hernández, en 2007 suponía la transferencia a Aragón de casi 50 millones de euros al año, a actualizar de acuerdo con el IPC. Esta cifra cubría los gastos de personal habituales (31,5 millones en nóminas), los gastos corrientes de limpieza, seguridad, servicios informáticos (este capítulo suponía 8,7 millones), las subvenciones a los juzgados de paz (3,3 millones) y las mejoras en las actuales instalaciones (5,6 millones como coste efectivo anual y además otros 6 millones de euros a pagar una sola vez).

Pero ahora a la DGA no le salen las cuentas con las cifras que en su momento trasladó el Gobierno central y le solicita que reconsidere todos sus cálculos. Así, la reclamación que ha recibido el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero afecta a los capítulos más relevantes del presupuesto. En el detalle de sus reivindicaciones hay exigencias que pueden encontrar más comprensión en el Gobierno central que otras. Así, aunque es factible que acepte gastos concretos si había un error en origen, no queda claro que asuma también el pago de complementos salariales que acepte la DGA para funcionarios transferidos.

Si en esta parte de la reclamación el Gobierno de Aragón trata de que el Ejecutivo revise las cifras anuales, la otra petición es un pago único de 30,9 millones de euros para garantizar unas correctas infraestructuras. Así, la DGA señala en su informe que ha detectado que necesita en Zaragoza capital 25.000 metros cuadrados tanto para trasladar sedes que ahora están en edificios alquilados y habilitar las nuevas unidades judiciales.

En principio, en el momento que se pactó la transferencia se acordó un pago de 6 millones de euros extra en este concepto, pero pensando en los juzgados de Huesca y Fraga. Ahora, se solicita actualizar la cifra hasta 30,9 millones y proponen al Gobierno que la pague en tres anualidades.