La DGA rechaza publicar el patrimonio de consejeros y altos cargos del gobierno

Prefieren mantener su patrimonio a buen recaudo y en la intimidad y no seguirán los pasos de sus compañeros de Madrid, que en un gesto de transparencia con la opinión pública decidieron sacar a la luz el valor de sus bienes y deudas. Los consejeros y altos cargos del Gobierno de Aragón no publicarán en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) sus 'fortunas' como sí han hecho los ministros y secretarios de Estado del Ejecutivo de Zapatero (en este caso, en el Boletín Oficial del Estado). Fuentes de la DGA confirmaron que esta medida no se ha planteado en el seno del Gobierno.

Precisamente, el Ejecutivo autonómico tuvo la oportunidad de adelantarse a esta iniciativa de Zapatero el pasado mes de mayo cuando se aprobó la Ley del Presidente y el Gobierno de Aragón. Durante la tramitación de la norma, el grupo parlamentario de Chunta Aragonesista presentó una enmienda para que "el contenido de las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales de los miembros del Gobierno se publicaran en el BOA". Se revelaría "una declaración comprensiva de la situación patrimonial de estos altos cargos, omitiéndose aquellos datos referentes a su localización y salvaguardando la privacidad y seguridad de sus titulares".

Una oportunidad perdida

Pero no prosperó. Los nacionalistas se quedaron solos. Los partidos que sustentan el Ejecutivo autonómico, PSOE y PAR, votaron en contra de la propuesta tanto en la fase de la ponencia como en el pleno de las Cortes. El PP e IU se abstuvieron. De esta forma, la norma solo obliga a los miembros del gobierno a formular declaración patrimonial, "comprensiva de todos sus bienes, derechos y obligaciones, y de cualquier actividad que le produzca ingresos, referida al momento en que tomen posesión del cargo y al día de su cese".

La declaración debe efectuarse ante la Mesa de las Cortes y en el plazo de dos meses siguientes a la fecha de toma de posesión y cese respectivamente. El registro de actividades y bienes tiene carácter reservado y el acceso a estos datos está dispuesto en el reglamento de las Cortes.

La Ley del Presidente, no obstante, sí fija las incompatibilidades de los miembros del Gobierno. Entre otras cuestiones, no podrán tener participaciones directas o indirectas superiores a un 10% en empresas en tanto tengan conciertos o contratos de cualquier naturaleza con el sector público estatal, autonómico o local, sean subcontratistas o reciban subvenciones de la administración autonómica. En el caso de superar este porcentaje, deberán desprenderse de él en un plazo de dos meses. También establece las compatibilidades con actividades públicas (por ejemplo, puede ser diputados y ocupar cargos en empresas públicas) y privadas.