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Aragón

LEY DE DEPENDENCIA

La DGA quiere revisar antes del 2010 la Ley de la Dependencia y ajustar las ayudas

La consejera de Servicios Sociales, Ana Fernández, reitera la necesidad de contar con una mayor financiación. El 44,4% de los grandes dependientes reciben prestaciones, unos 5.700.

El Gobierno aragonés es partidario de adelantar la revisión de la Ley de la Dependencia, prevista en principio por Madrid para 2010, y lograr así ajustar tanto su aplicación como la financiación al número real de beneficiarios. La consejera de Servicios Sociales, Ana Fernández, aseguró ayer que es "necesario" avanzar en el tiempo la "evaluación" de este sistema para hacer frente al problema que plantea que el número de grandes dependientes doble las previsiones que se fijaban en el libro blanco.

El hecho de que la cantidad de grandes dependientes se haya desbordado, hay reconocidos en la comunidad cerca de 13.000 (12.973 según los datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales), provoca que el dinero destinado a atenderlos no llegue. Aunque Ana Fernández reiteró la importancia de contar con una mayor dotación económica para "cubrir el total de las necesidades que hay", recalcó que el Gobierno central "está poniendo el dinero que marca la memoria económica" de la ley, e incluso "un poco más", ya que para 2009 la previsión era destinar 900 millones de euros a la dependencia y "parece ser que a los Presupuestos Generales del Estado irán 1.200 millones".

La titular de Servicios Sociales realizó estas declaraciones con motivo de la celebración en Zaragoza de las jornadas nacionales de los Comités de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que integran a 4.500 entidades sociales. Los presidentes español y aragonés de esta organización, Luis Cayo y Pedro Sánchez, respectivamente, coincidieron en reivindicar que se acelere la revisión de la ley y pidieron a los partidos políticos que busquen el "consenso" dejando de lado el "debate partidista".

La consejera de Servicios Sociales eludió pronunciarse sobre cuándo sería adecuado examinar la aplicación de la Ley de Dependencia y aseguró que hay que esperar a ver "lo que hacen el resto de comunidades autónomas y el Estado, ya que es el Ministerio el que ha planteado la evaluación y lidera el proceso". Antes de que termine el año tiene que celebrarse una reunión del Consejo Territorial de ámbito nacional, que todavía no se ha convocado.

El departamento de Servicios Sociales de Aragón está elaborando un informe con los datos que posee, los problemas que se ha encontrado y las soluciones que propone. "Creo que es una ley tan importante que merece que desde un principio si se ve alguna dificultad se pongan los medios y mecanismos necesarios para resolverla", dijo Ana Fernández.

Las declaraciones de la consejera ya tuvieron respuesta por parte de la portavoz de Asuntos Sociales del PP en las Cortes, Rosa Plantagenet, quien consideró "profundamente lamentable" que a estas alturas desconoza "de dónde va a sacar el dinero para atender a los beneficiarios aragoneses". Exigió que la consejera comparezca y explique lo que pasa.

Cerca de 22.500 solicitudes

A principios de septiembre, según los datos volcados en el sistema para la autonomía y atención a la dependencia, en Aragón estaban recibiendo el pago de prestaciones económicas o de servicios un total de 5.759 personas. Este número supone solo el 44,39% de los grandes dependientes y el 38,6% de los 14.887 que tienen derecho a ser atendidos de forma inmediata. De ellos, 12.973 han sido reconocidos como grandes dependientes y 1.914 como dependientes severos de grado II nivel 2, por lo que tendrían que recibir las ayudas en este año. De estos beneficiarios con derecho a prestación, 9.128 no tienen especificado lo que les corresponde y su expediente está en proceso de elaboración del Programa Individual de Atención (PIA).

De los 5.759 grandes dependientes que están recibiendo prestaciones, 2.902 corresponden a cuidados familiares, 2.001 a atención residencial, 538 vinculadas a servicios y otras 317 de plazas en centros de día o de noche, además de un caso de teleasistencia.

A comienzos de septiembre la estadística confirma la avalancha de peticiones recibidas, 22.478. De ellas se habían culminado ya 18.906 valoraciones, el 84,11%, un porcentaje que coloca a Aragón como la décima comunidad con un índice mayor de estas. Además se han emitido 19.444 dictámenes, el 86,5% de las solicitudes. La comunidad aragonesa se sitúa así en el noveno puesto nacional en cuanto a resoluciones.

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