La DGA se opone a prolongar hasta Barcelona el ministrasvase del Ebro a Tarragona

El Gobierno de Aragón, con su presidente a la cabeza, se opone también a que el ministrasvase del Ebro a Tarragona se prolongue hasta Barcelona para paliar la fuerte sequía que sufre la capital catalana. Al igual que sucedió cuando la Generalitat planteó una detracción desde la cabecera del Segre, Marcelino Iglesias mostró ayer en declaraciones a HERALDO su rechazo a que se transfieran caudales del Delta, y lo hizo "por principios" y porque el nuevo Estatuto aragonés le obliga a luchar contra cualquier transferencia.

La DGA es consciente de que no es lo mismo hacer un nuevo trasvase entre cuencas como el que el Ejecutivo catalán propone desde el Segre que prolongar una transferencia ya vigente sin necesidad de ampliar la concesión de caudales -solución por la que aboga el Gobierno central-. Pese a todo, Iglesias se opone a esta segunda opción por coherencia con la postura que ha mantenido durante años.

"Aragón, en principio, se opone a todos los trasvases -subrayó-. La cuenca del Ebro ya soporta ocho transferencias de este tipo, y además existen soluciones alternativas a los problemas que se están planteando", manifestó Iglesias en referencia a soluciones como la reutilización del agua.

El presidente aragonés recordó también que el nuevo Estatuto establece un mandato "claro" de oposición de los poderes públicos aragoneses "a cualquier trasvase", lo que le impide adoptar cualquier otra postura.

Las declaraciones de Iglesias sitúan a la DGA y al PSOE aragonés en contra de la solución defendida por el Gobierno para evitar posibles restricciones de agua en Barcelona y su entorno. Desde un principio, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero se ha opuesto al trasvase desde la cabecera del Segre, pero a cambio apuesta por que Cataluña compre derechos de agua a los regantes del Delta.

Haría falta cambiar la ley

Esta propuesta pasaría por prolongar hasta la capital catalana el ministrasvase del Ebro que desde 1981 abastece a los municipios y las industrias del Campo de Tarragona. Actualmente solo se utilizan unos 75 hectómetros cúbicos anuales de los 126 contemplados en la concesión, lo que significa que hay otros 40 o 45 hectómetros que podrían enviarse a Barcelona sin necesidad de ampliar la concesión ya aprobada. No obstante, en la práctica la detracción de caudales del tramo final del Ebro sí aumentaría.

Para que esa transferencia sea posible, Cataluña tendría que llegar a un acuerdo con los regantes del Delta del Ebro, que ya se han mostrado proclives al entendimiento. Además, como se trataría de una modificación sustancial de la ley promulgada en 1981, lo más probable es que también sea necesario un acuerdo del Consejo de Ministros previo a la aprobación de un decreto-ley que luego sería convalidado por el Congreso de los Diputados.

Según publicó ayer el diario La Vanguardia, el Gobierno y la Generalitat acuerdan un acuerdo que definitivamente apuesta por el minitrasvase del Ebro como solución para la escasez de agua en Barcelona. Siempre según esa información, la transferencia se haría mediante una nueva tubería de unos 60 kilómetros que en muchos tramos discurriría en paralelo a la autopista de peaje AP-7 y que uniría el depósito de Campedró (Tarragona) con el de Olèrdola (Barcelona). El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero considera que las obras podrían estar acabadas en seis meses, aunque el Gobierno catalán sostiene que ese plazo será bastante mayor.

La Generalitat rebaja la presión

Mientras, la Generalitat rebajó ayer la presión a la que está sometiendo al Gobierno cental con sus pretensiones sobre el Segre. El consejero catalán de Medio Ambiente, Francesc Baltasar, aseguró que las obras de ese posible trasvase no empezarán sin el apoyo del Ejecutivo de Zapatero, aunque también avisó de que Cataluña no puede permitirse continuar "más días" sin una solución efectiva a la sequía que padece.

Baltasar quiso zanjar así la polémica iniciada después de que el secretario de Organización del Partido Socialista de Cataluña, José Zaragoza, dijera el jueves que los trabajos comenzarían "en una semana o semana y media" y que, una vez hechos, el Gobierno central no podrá negarse a aceptar este proyecto.

"El señor Zaragoza expresó una idea que creo que todos compartimos. No podemos dejar que pasen días y días y semanas y semanas sin soluciones", sostuvo Baltasar antes de reconocer que la Generalitat no iniciará las obras "sin contar con el apoyo y el acuerdo del Gobierno central".

Petición de Rajoy

Por su parte, el presidente del PP, Mariano Rajoy, volvió a exigir ayer al futuro Gobierno de España que afronte el problema del agua "sin prejuicios" y buscando soluciones que incluyan al conjunto de los ciudadanos. "A los españoles no se les puede decir que hay trasvases buenos y trasvases malos -declaró el líder de los populares en alusión a la polémica sobre el Segre y el Ródano-. El Gobierno tiene la responsabilidad de afrontar ya el problema y de resolverlo para todos los españoles".