La DGA infravaloró las ofertas más baratas en los contratos públicos

La DGA actuó en contra "del principio de economía de gestión de fondos públicos" al impulsar multitud de contratos en los que apenas valoró las ofertas más baratas para la administración, según denunció el Tribunal de Cuentas en el informe que debatió el Senado el pasado martes. A juicio de este órgano auditor, la forma de elegir a la empresa adjudicataria que plantea el Ejecutivo aragonés en numerosos concursos públicos sirvió para "encarecer el precio de los contratos". El informe del Tribunal de Cuentas, que valora la gestión de la DGA durante 2004 y 2005 recomienda al Ejecutivo autonómico que en los futuros pliegos de condiciones "prime" las ofertas más bajas frente a las más caras. Aunque esta recomendación puede parecer una obviedad, según el Tribunal de Cuentas no ha sido una práctica común en la administración aragonesa.

El órgano fiscalizador pone además varios ejemplos concretos que ilustran su queja. Por ejemplo, en el pliego en el que se establecieron las condiciones en las que se licitó el centro de la tercera edad "Las Fuentes" de Zaragoza, el informe del Tribunal afirma que la DGA "ni siquiera tuvo en cuenta el precio de las ofertas entre los criterios de adjudicación".

Y hay más. El informe -que aunque se trasladó el martes al Senado es de acceso público desde hace varias semanas ya que se publicó en el Boletín Oficial de Aragón- advierte que "resulta especialmente significativa la escasa ponderación de las bajas ofertadas para las obras de construcción" del plan especial de depuración, que impulsó el Instituto Aragonés del Agua. También hace referencia a algunos contratos del Servicio Aragonés de Salud. Destaca sobre todos el de la "gestión del servicio público de transporte sanitario urgente". En el pliego de condiciones se marcaba que el precio puntuaba 15 puntos. Efectivamente, a la oferta más barata se le atribuyeron esos 15 puntos. Sin embargo, a la más cara se le otorgaron 14,92 con lo que la diferencia fue mínima.

Pero no todo es erróneo en este tema de la gestión económica de la administración y el Tribunal de Cuentas encontró un contrato (de los 64 que analizó) que es justo lo contrario y que se considera un ejemplo a seguir para el ahorro de costes en la administración. Corresponde al Departamento de Economía y Hacienda. Se refiere precisamente al que hace referencia a la licitación que se impulsó para la implantación de un nuevo sistema de gestión económica y financiera. "La asignación de puntos a las ofertas económicas fue absolutamente coherente con el mencionado principio, concediéndose cero puntos a la oferta más cara y la máxima puntuación del baremo a la menos económica".

Además de la anomalía de no primar la oferta más baja, el Tribunal de Cuentas ha encontrado una segunda irregularidad en la forma de proceder por la DGA en las contrataciones públicas. Varios pliegos de condiciones son excesivamente confusos en el momento d establecer cómo se reparten los puntos para cada contrato. "Algunos criterios de adjudicación fueron insuficientemente precisados", resume el tribunal en una de sus conclusiones. En este sentido, plantea que "no es conforme con los principios de publicidad y transparencia, rectores de la contratación pública".