La DGA espera que Gran Scala mueva ficha y esta insiste en que garantizará su "solvencia"

La semana que hoy se inicia será clave para Gran Scala. Los promotores del complejo se juegan en los próximos días el futuro del proyecto y el Ejecutivo aragonés, su credibilidad tras una gestión que empieza a pasarle factura. Mientras arrecian las críticas, ambos se esfuerzan, sin embargo, por intentar trasladar una imagen de tranquilidad y de que el proyecto continúa adelante.

El Gobierno reiteró ayer que espera que International Leisure Development (ILD) mueva ficha rápidamente. Y confió en que las primeras opciones de compra sobre los terrenos se cierren a la mayor brevedad posible. Pese a que la gestión directa sobre el suelo la estaría llevando el Ayuntamiento de La Almolda (la localidad con más opciones de acoger la ciudad del ocio y el juego), fuentes del Ejecutivo aseguran que estarían dispuestas ya para la venta en torno a unas 1.400 hectáreas, de las 2.000 que requiere, como mínimo, el complejo.

Este periódico intentó ayer confirmar esta cifra (que otras fuentes rebajan a 1.000) con la alcaldesa de la localidad, Ángeles Labarta, pero no fue posible. Desde que el Consistorio envió cartas a los propietarios para conocer su interés por vender o permutar sus fincas, ha guardado silencio.

Aunque desde la Administración se insiste en que existen cuatro ubicaciones alternativas, todo indica que esta es la que más posibilidades reúne. Junto a la intermediación del Consistorio, ha coincidido la licitación del proyecto para la futura acequia de La Almolda- Monegrillo, que solucionaría el problema de agua para el recinto.

Por su parte, fuentes del consorcio promotor aseguraron que están dispuestos a adquirir ya terrenos, pero en una cantidad que asegure la realización completa del complejo. Esto es, no quieren firmar opciones de compra hasta no tener cerrada la extensión requerida. Lo contrario, se justificaron, les dejaría en situación de debilidad frente a los propietarios que no entraran en esa primera operación.

Si esta semana se logra atar esa superficie -indicaron- rubricarían las opciones, abonarían el 5% del total de la operación y garantizarían el resto -mientras se verificasen una a una las fincas y hasta la formalización de los contratos de compraventa- mediante un aval bancario. Pero si no se consigue poner a disposición el total de terrenos, dijo estar dispuesta a hacer esa "muestra de solvencia" reclamada por la Administración después de las "dudas" surgidas.

A falta de celebrar la reunión del accionariado del consorcio, la opción que se está planteando pasaría por hacer pública una carta de garantía bancaria por el importe requerido por el Ejecutivo (20 millones de euros). Este instrumento financiero consiste en un documento en el que un banco respalda a un cliente y le autoriza a retirar dinero en efectivo.