Si el Obispado de Lérida hubiera cumplido la resolución de la Generalitat de abril de 2006 sobre la devolución de los bienes aragoneses -conocida como resolución Mieras y que implicaba la gestión conjunta y la unidad de la colección-,"habría significado la resolución de este litigio y permitido el cumplimiento de las resoluciones judiciales eclesiásticas, la recuperación de la legalidad y el inicio de una etapa de posible colaboración entre el Museo de Lérida y el de Barbastro-Monzón".

Con esta contundencia, la consejera de Cultura, María Victoria Broto, no dudó en señalar este dictamen como la solución al histórico conflicto entre Cataluña y Aragón, en una respuesta a CHA sobre las consecuencias para la Comunidad de esta decisión. La resolución daba respuesta a la petición del Obispado de Lérida de permiso para disponer de las piezas y entregarlas de acuerdo con el Decreto de la Congregación por los Obispos (luego la recurrió).

En otra respuesta al mismo grupo parlamentario sobre las razones por las que la DGA no recurrió el dictamen, existe cierta contradicción, al asegurar que "las resoluciones del gobierno catalán no tienen efectos sobre administraciones, particulares, asociaciones y entidades aragonesas".

Críticas de CHA

La presidenta de CHA, Nieves Ibeas, calificó las respuestas del Gobierno de "incomprensibles" y "muy graves". "Falta criterio, la DGA da por bueno algo que incluso pone en cuestión la propiedad de los bienes. Que vuelvan las piezas y luego ya hablaremos de la cogestión", recalcó Ibeas, que ensalzó las contradicciones del Ejecutivo al que acusó de "dar aire" a la Generalitat y "entorpecer una futura resolución del conflicto". Fuentes de Cultura de la DGA insistieron en que la resolución Mieras "solo tiene efecto en Cataluña" y sobre la cogestión, dejaron la decisión en manos del Obispado de Barbastro-Monzón. "El Gobierno lo apoya en sus decisiones", dijo.