EMPLEO PÚBLICO
La DGA desoye al Gobierno central y no prevé reducir el número de empresas públicas
Lidera, junto a Cataluña, el ranquin de creación de sociedades ajenas al control parlamentario. Tampoco plantea quitar puestos directivos.
La vicepresidenta económica, Elena Salgado, anunció el pasado jueves el compromiso del Gobierno central de acometer "un importante recorte en el número de empresas públicas". Apenas habían pasado 24 horas cuando fuentes oficiales de la DGA y de la corporación de empresas públicas dependiente de esta indicaban que entre sus políticas de "racionalización del gasto" que tienen previsto aplicar no está de momento ni la reducción de empresas públicas ni siquiera la reducción de sus altos cargos.
A cambio, fuentes de la corporación de empresas públicas consideraron que la propia creación de este órgano hizo a Aragón "pionero" en las políticas de racionalización de su sector empresarial. Además, indicaron que se ha aplicado una política de contención de sueldos y que se ha dificultado el proceso para hacer más contrataciones. Por lo demás, aunque explican que no tienen previsto "adelgazar" la estructura, tampoco descartan que llegado el momento promuevan alguna desinversión en sectores concretos.
La decisión del Ejecutivo PSOE-PAR de no fusionar empresas públicas ni de quitar puestos directivos choca con lo que pide el Gobierno central, pero no es una sorpresa. De hecho, según datos del Ministerio de Economía, Aragón es -junto a Cataluña- la autonomía que más empresas públicas ha creado desde 2008. Según los datos oficiales, cada una de ellas ha añadido desde entonces siete sociedades autonómicas ajenas al derecho público. Suponen el 50 % de todas las creadas en España en ese periodo.
Reticencias preelectorales
Pero Aragón no es la única autonomía con un gobierno reacio a reducir su red empresarial ni a recortar el gasto público. El Ejecutivo central está encontrando actitudes similares en otros territorios, que usan idéntico argumento: ya hicieron los ajustes necesarios en los Presupuestos de 2010. El Gobierno es plenamente consciente de que a un año de elecciones autonómicas será complicado que los Ejecutivos autonómicos acepten reducirse este tipo de gastos.
