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AGUA

La DGA decidirá en Consejo Extraordinario si pide la anulación del abastecimiento a Barcelona

El informe de su Comisión Jurídica Asesora (COJA) sobre el proyecto de prolongación hasta Barcelona del mini-trasvase a Tarragona, dice que con la llegada de las lluvias podría "cesar" la "situación de sequía" y "automáticamente caducar la autorización para construir la obra, incluso el día antes de su terminación".

El Gobierno de Aragón se reunirá esta semana en Consejo Extraordinario, el jueves o el viernes, para decidir si pide formalmente que expire la validez del decreto de abastecimiento de agua del Ebro a Barcelona, una vez superada la situación de emergencia gracias a las últimas lluvias.

Fuentes del Ejecutivo autonómico han informado de que tras las últimas lluvias, en los embalses de las Cuencas Internas de Cataluña se almacenan más de 170 hectómetros cúbicos y se supera, por tanto, la Situación de Excepcionalidad II, fijada por la Generalitat de Cataluña en 165 hectómetros cúbicos y que es la que obliga a adoptar medidas de urgencia para los abastecimientos urbanos, como la prohibición de llenar piscinas.

La petición del gobierno aragonés se hará tras conocerse el informe de su Comisión Jurídica Asesora (COJA) sobre el proyecto de prolongación hasta Barcelona del mini-trasvase a Tarragona, en el que se dice que con la llegada de las lluvias podría "cesar" la "situación de sequía" y "automáticamente caducar la autorización para construir la obra, incluso el día antes de su terminación".

Con este informe y el que hicieron los Servicios Jurídicos, el Ejecutivo autonómico decidirá si pide la finalización de la validez del Decreto una vez superada, gracias a las lluvias, la situación de emergencia que fija la Generalitat en el Decreto de la Sequía de 12 de abril de 2007.

El informe de la COJA (que tras la aprobación del Estatuto de Autonomía ha pasado a llamarse Consejo Consultivo con funciones similares, en el nivel autonómico, al Consejo de Estado) rechaza taxativamente que el proyecto de abastecimiento sea una "nueva transferencia de aguas" entre ámbitos territoriales de distintos planes hidrológicos de cuenca, toda vez que esta "transferencia" está regulada ya desde 1981.

Por lo tanto, "no es exigible" el informe previo de la Comunidad Autónoma de Aragón del que habla el artículo 72.3 del Estatuto de Autonomía, que establece que la Comunidad deberá emitir un informe preceptivo para cualquier propuesta de obra hidráulica o de transferencia de aguas que afecte a su territorio.

No obstante, el informe lanza serias dudas sobre la constitucionalidad del artículo 3 del Decreto de abastecimiento, que prevé la autorización de contratos de cesión de derechos de uso de agua entre la Comunidad Autónoma de Cataluña, como adquiriente, y cedentes de las comunidades de usuarios de la Cuenca del Ebro, que son concesionarios de derechos exclusivamente para usos agrarios.

Mercado del agua

La COJA no comparte los principios del llamado "mercado del agua", pero además estima que estos contratos sí que supondrían una autorización para trasvasar "aguas nuevas" desde Ebro y que por tanto en este caso sí sería necesario el informe previo al que hace referencia el Estatuto de Autonomía.

La omisión de solicitud de este informe, a la vista de lo contenido en el artículo 3 del Decreto, sí que constituye "un vicio de inconstitucionalidad".

En el informe también se rechaza "cualquier tipo de discusión constitucional" sobre el Decreto basada exclusivamente en las razones de extraordinaria y urgente necesidad.

El Ejecutivo autonómico se reunió en Consejo de Gobierno y tras la sesión, antes de conocer el informe de la COJA, el vicepresidente José Ángel Biel opinó que la situación de emergencia en Barcelona está "prácticamente superada" después de las últimas lluvias y por tanto el Decreto Ley se coloca en una "situación complicada".

Biel reconoció que nadie en el Gobierno aragonés, al menos que él conozca, ha hablado con responsables del Ministerio de Medio Ambiente tras las lluvias, aunque recordó que ayer el presidente Marcelino Iglesias estuvo en Madrid y podría haber "hablado" con sus colegas socialistas sobre la superación de esta situación de sequía.

Fuentes de Presidencia insistieron en este sentido de que los argumentos para decretar el fin de la situación de emergencia son legales y no políticos, y éstos están fijados y superados.

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