Pese a que todavía no se sabe si el millonario plan de mejora de carreteras podrá acometerse al completo, el Gobierno de Aragón sigue adelante con la tramitación de este programa. Tras haberlo sacado a concurso hace unos meses, hoy concluye el plazo de presentación de ofertas con la incógnita de si los ocho sectores en los que se divide (tres en Zaragoza, tres en Huesca y dos en Teruel) se podrán ejecutar.

El pasado mes de junio, el consejero de Economía y Hacienda, Alberto Larraz, admitió "preocupantes" dudas financieras en el sistema de concesión planteado. El problema reside en que si Europa (la agencia Eurostat) considera que esta operación computa como deuda, el proyecto podría estar en serio peligro. Seguir adelante supondría constreñir aún más las delicadas arcas autonómicas e hipotecaría futuros gobiernos por el elevado nivel de deuda que habría que asumir y que dejaría al ejecutivo sin ningún margen de maniobra.

Hay que recordar que conllevará una inversión de 5.200 millones de euros en 38 años para mejorar 2.500 kilómetros de la red autonómica. El propio Larraz, que siempre ha defendido que no había problemas en esta operación, tuvo que reconocer en el pleno de junio que había tres sectores -dos en Teruel y uno en Zaragoza- que están en el aire. Sin embargo, pese a esto, la DGA mantiene su licitación. En concreto, de una primera fase de 650 millones.

Respuesta de la UE, en 2011

En esta comparecencia, el consejero aseguró que en julio la agencia Eurostat emitiría un informe sobre este asunto, de forma que el Gobierno de Aragón pudiera adoptar una decisión antes de adjudicar los sectores. Sin embargo, el dictamen no ha llegado y según fuentes de este organismo europeo, para las operaciones "que se desarrollan en 2010, la primera notificación no tiene lugar hasta abril de 2011". Para entonces, ya podrían haber empezado incluso las obras, por lo que las consecuencias podrían ser más dramáticas porque -de paralizarse- habría que indemnizar a las contratistas.

No obstante, el consejero Larraz no descartó asumir alguno de los sectores con más dudas en el futuro presupuesto autonómico.