La DGA 'castiga' a las eléctricas en el reparto eólico por la polémica del carbón

Cuestión de sutilezas. Y de legalidad. El Gobierno aragonés aplica a rajatabla las condiciones para la adjudicación de nuevos parques eólicos, tal y como consta en el decreto aprobado en junio y en las órdenes posteriores, pero aprovecha el marco legal para dar curso a los proyectos que considere de "interés especial para la Comunidad Autónoma". Y en ellos priman los requisitos de empleo, asentamiento, compromiso, I+D, pago de impuestos en Aragón, viabilidad, contratos con empresa locales y regionales en equipamientos, materiales e ingeniería e impulso a la economía territorial. Hay más factores, pero estos son los que marcan las pautas del juego y responden a las exigencias de todos los partidos y de los agentes económicos y sociales. Como no podía ser de otra manera.

Y la DGA no se ha cortado un pelo. El pasado martes, el Consejo de Gobierno, a propuesta del consejero de Industria, Arturo Aliaga (PAR), declaró de "interés especial" diez proyectos (cuatro de ellos de I+D, un dato muy relevante), de setenta y ocho presentados para explotar 172 megawatios en la provincia de Huesca, en la llamada zona A (con subestaciones en Gurrea y Esquedas). Es decir, un 10% de los 1.400 millones de euros que supondrá la inversión total en Aragón por la ampliación de la producción de energías alternativas y renovables (básicamente las eólicas).

Y en ninguno de ellos, que todavía tiene que pasar una calificación y los trámites pertinentes para obtener licencias y permisos, participan las grandes compañías eléctricas, como Endesa, Iberdrola o Gas Natural. Vamos, las que han recurrido el decreto español, aprobado por la UE, a favor del cupo de uso del carbón -aragonés, leonés y asturiano- para dar más tiempo a sacar a este sector de la crisis. Este 'castigo' legal lo están aplicando todas las comunidades afectadas por la actitud de las grandes compañías.

Por contextualizar, Aragón pasará de explotar 1.733 megawatios (en 72 parques eólicos) a más de 3.230. Es decir, que hay en juego un negocio importante (gracias a las primas y ayudas) por el que disputan empresas nacionales y locales. Son más de 1.280 millones de euros, con una rentabilidad estimada a partir de los ocho años de la inversión en torno al 9% (si no cambian las circunstancias). Y el "valor añadido" para Aragón, como señaló Aliaga, es fundamental para optar a una licencia.

La fórmula ideal es formar uniones temporales de empresas nacionales y locales con garantías de recursos financieros y de acuerdos de comercialización de la producción.

En Aragón hay seis zonas o nudos nuevos de explotación entre las tres provincias. El proceso global estará concluido en marzo de 2011. Los primeros parques funcionarán a principios de 2012.