El Gobierno de Aragón y el grupo socialista cerraron ayer filas y optaron por guardar un absoluto silencio frente a la suspensión de las obras de renovación de la línea de Canfranc, confirmada oficialmente por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) a este diario. Mientras los socialistas se negaban a fijar una postura ante el recorte inversor de Fomento y sus avisos de cierre de líneas ferroviarias y aplazamiento de autovías, el resto de partidos aragoneses y la Coordinadora por la Reapertura del Canfranc (Crefco) salieron al unísono a rechazar los recortes, tildados de "nefastos".

Como informó ayer este diario, el primer tijeretazo del que se tiene constancia en Aragón afecta a la renovación de la vía de Canfranc, cuyas obras se pretendían iniciar ya en el tramo entre Santa María y La Peña y Anzánigo y para las que ya se ha hecho el acopio de vías y raíles en la línea. El ADIF reconoció que las obras se han "reprogramado", aunque no aclaró cuánto tiempo durará la suspensión de los trabajos, que suponían una inversión plurianual de diez millones de euros para sustituir la vía de Huesca a Canfranc.

Este ente público licitó las obras del primer tramo y hace meses que abrió las ofertas. Sin embargo, la renovación de la vía sigue pendiente y solo se trabaja, con personal propio de ADIF, en una curva de medio kilómetro que incluye un viaducto metálico sobre el río Gállego, una vez pasada la estación de Santa María y La Peña. Esta actuación comenzó hace dos semanas y se preveía continuar tras su conclusión, prevista para julio, con la renovación del citado tramo.

Tanto la Consejería de Obras Públicas como el portavoz socialista en la comisión de infraestructuras de las Cortes de Aragón, Ricardo Berdié, declinaron referirse al recorte y manifestaron que solo podrán hacerlo tras conocer de forma "oficial y directa" el impacto de la nueva planificación de Fomento. No obstante, Berdié dijo que las inversiones deben adecuarse a la "realidad económica".

La oposición fue especialmente dura y exigió con rotundidad al presidente aragonés, Marcelino Iglesias, que defienda los intereses de la Comunidad, además de reclamar el rescate de los peajes de la AP-68 y la AP-2. El portavoz parlamentario del PP, Eloy Suárez, criticó que Aragón sea "una vez más la pagana de los recortes" y que Iglesias sea "incapaz" de defender infraestructuras básicas para la vertebración del territorio. A su juicio, el bloqueo de las obras de Canfranc suponen un "golpe brutal" y un paso previo a su cierre. También cuestionó que se puedan aplazar los desdoblamientos de la N-232 y de la N-II, sin solución alternativa, como la liberalización del peaje que se ha hecho en otras comunidades. A su juicio, es injusto que el "desencuentro" entre Iglesias y el ministro Blanco, que se constató en la cumbre de transportes de la semana pasada, lo acabe pagando la Comunidad.

Para la presidenta de CHA, Nieves Ibeas, supone la "puntilla" para el Canfranc justo un día después de que el consejero de Obras Públicas defendiera la línea en un programa de televisión. "Cuando toca repartir no nos llega y el recorte se nos aplica los primeros. No sé para qué sirve tener diputados en Madrid", dijo.

Por su parte, el coordinador regional de IU, Adolfo Barrena, acusó a Blanco de volver a incumplir "compromisos adquiridos" con Iglesias, además de evidenciar la incongruencia de paralizar el Canfranc tras predicar hace una semana en Zaragoza que la prioridad ministerial es el ferrocarril.

También fue muy crítico el PAR, que gobierna en coalición con el PSOE y que se mostró partidario de hacer frente común contra los recortes porque los aragoneses, dijo, "van bien servidos". Su portavoz parlamentario, Javier Allué, incidió en que el Canfranc es "prioritario" y arremetió contra el ministro por priorizar, además, el corredor mediterráneo frente a los pasos aragoneses.

Por su parte, el portavoz de Crefco, Benjamín Casanova, advirtió que la renovación de la vía de Canfranc es "urgente" por su mal estado. Que se suspenda, dijo, "confirma, una vez más, la desidia y abandono que sufre esta línea por parte de la Administración". Casanova indicó que supone un "claro retroceso" para garantizar su futuro, aunque no debe vincularse con la reapertura del túnel.