El Gobierno de Aragón bloquea dos promociones de VPO porque los pagos a cuenta no están avalados

La dirección general de Vivienda mantiene bloqueadas dos promociones de vivienda protegida en Zaragoza porque su gestor no garantiza los pagos a cuenta de los compradores mediante un aval o un seguro de caución, tal y como exige la Ley de Cooperativas. Ambas operaciones suman más de 200 pisos, para cuya construcción ya han desembolsado cada uno de los implicados una media de 30.000 euros. Esto representa un 10% de las viviendas sociales calificadas en el último año.

El director general de Vivienda, Julio Tejedor, indicó ayer a este diario que la medida forma parte de una campaña abierta hace un año para aumentar el control sobre las garantías en las aportaciones en el proceso de adquisición de un piso social. Con esta intención, cada uno de los compradores han recibido una hoja informativa sobre sus derechos y las garantías a las que pueden acogerse para no perder ni un solo euro desembolsado. "La ley exige ser muy riguroso con las garantías al ciudadano porque está poniendo sus ahorros", destacó.

La gestora de las comunidades de bienes de las dos promociones de VPO, radicada en Aragón, fue advertida por el Gobierno autonómico y ante su negativa a garantizar los desembolsos se optó por paralizar el proceso. Y de una manera muy sencilla: se le informó de que mientras no cuente con avales no obtendrá la calificación de las viviendas y, por tanto, no podrá obtener la financiación bancaria para ambas operaciones. Julio Tejedor apuntó que la situación se alarga unos dos meses, aunque incidió en que se encuentra en vías de solución tras haber involucrado también a la entidad bancaria que iba a aportar los fondos. "Le ha impuesto el seguro de caución para otorgarle la financiación", dijo.

El director general de Vivienda especificó que estas dos promociones son las únicas detectadas en todo Aragón en el último año en las que no se cumplía la Ley de Cooperativas. En total, se han calificado más de 2.000 viviendas repartidas por el sur de Zaragoza, entre Arcosur y Parque Venecia.

La citada normativa estipula en su artículo 85.5 que las aportaciones realizadas "como pago a cuenta de la vivienda y anejos vinculados deberán ser aseguradas por la cooperativa o empresa gestora mediante aval bancario suficiente o contrato de seguro que garantice su devolución, más los intereses legales correspondientes". Esta misma garantía se extiende a los comuneros.

Julio Tejedor destacó que pretenden ser "muy duros" en esta materia, dado que la actual coyuntura económica está generando problemas de crédito que ya se dieron hace cuarenta años y que obligó a aprobar una ley específica en 1968 para garantizar los pagos a cuenta con avales bancarios.

Desde hace un año, con el objetivo de informar a los compradores de una VPO se les remite una hoja informativa del Gobierno de Aragón en el que se les da cuenta de sus derechos. Además de advertirles que cualquier percepción anticipada debe contar con autorización de la Administración, se destaca que el gestor o el órgano de gobierno de la cooperativa o comunidad "ha de contar con una garantía de devolución a los socios o comuneros" de los pagos a cuenta.

Contacto con las cooperativas

Con este mismo objetivo garantista, la dirección general de Vivienda se ha puesto en contacto con el grupo de cooperativas que está cobrando 2.000 euros a cada uno de los aspirantes a una promoción de VPO de Zaragoza para la que ni siquiera tienen el suelo. Tejedor reiteró que la normativa prohibe exigir más de 30 euros por inscribirse, por lo que transmitió a los gestores la necesidad de "regularizar la situación a la menor brevedad".

El director general puso de manifiesto que instará a devolver las aportaciones en el momento que tenga confirmación oficial de esta práctica, que ha motivado la apertura de un expediente de inspección esta misma semana tras las quejas presentadas. La constatación de los cobros fue reconocida a este diario por el grupo de cooperativas, al frente del cual esté el presidente de la Federación Aragonesa de Cooperativas, Miguel Ángel Loriente. Este envió el jueves un burofax a la DGA en el que defendía esta práctica, aunque en la dirección general de Vivienda no hay constatación de que haya llegado. "Si efectivamente han cobrado 2.000 euros por formar parte de un listado de expectantes, deberán devolver el dinero. Es la forma idónea para regularizar la situación", concluyó.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de Zaragoza, José Luis Roca, consideró que la crisis ha evidenciado las dificultades de financiación y aseguró que están detectando que los compradores "no quieren implicarse en el riesgo de una cooperativa". No obstante, remarcó que la Federación Aragonesa de Cooperativas es "seria" y que se necesita competencia.