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POLÉMICA GESTIÓN EN UNA EMPRESA PÚBLICA

La DGA aún no ha exigido los 2,2 millones que prestó a la firma de avionetas Tecnam

La DGA, tras alegar que no conocía oficialmente el cese de actividad, admitió anoche que la empresa comunicó su marcha en una carta. La firma italiana ya anunció en septiembre a los trabajadores que iba a cerrar antes de final de año y los despidió en noviembre.

Tras la quiebra de CAG y el cese de actividad de Tecnam, el parque industrial aeronáutico de Villanueva de Gállego, de 70 hectáreas, es un erial.
La DGA aún no ha exigido los 2,2 millones que prestó a la firma de avionetas Tecnam
OLIVER DUCH

El descalabro del proyecto aeronáutico del Gobierno de Aragón se ha convertido en un pozo sin fondo. Si con la primera empresa que fabricó avionetas en Villanueva de Gállego se desembolsaron más de 10 millones de euros antes de su liquidación, con la segunda firma que le sucedió, Tecnam, se han perdido otros 2,2 millones de euros tras el cese de su actividad. Y este segundo caso aún es más llamativo, porque el dinero público se prestó y, en caso de incumplimiento, la empresa no solo estaba obligada a devolverlo sino que, además, debía asumir una penalización. El cierre se hizo oficial en noviembre, pero la DGA aún no ha iniciado acciones legales para reclamarlo.

Los contratos firmados entre las partes, a los que ha tenido acceso HERALDO, establecían la entrega de hasta seis millones de las arcas públicas, para lo que Tecnam debía desarrollar dos nuevos modelos de avión "totalmente diseñados y fabricados en sus instalaciones de Villanueva de Gállego". La DGA, a través de la empresa pública Savia Capital Inversión, pretendía reflotar la fábrica de avionetas de Villanueva de Gállego tras la liquidación de CAG y lo hizo sin exigir a cambio ningún aval ni garantía. Y lo comprometido por la aeronáutica nunca se cumplió: solo montó avionetas traídas por piezas en camión desde la central de la empresa en Italia entre 2008 y 2010.

Según los acuerdos, la empresa debía devolver el dinero a Savia y asumir una penalización del 30% del dinero pendiente de reintegrar en caso de cesar su actividad antes del 31 de diciembre de 2011. Según fuentes de la DGA, no han devuelto ni un euro, por lo que la cantidad adeudada asciende a 2.925.000 euros (sumada la penalización).

Como en todo lo relacionado con la gestión de las empresas públicas, la información es mínima. Si en un primer momento fuentes oficiales de la DGA argumentaron ayer que desconocían oficialmente el cese de actividad, anoche indicaron que Tecnam lo había enviado un carta de notificación. La DGA lo aclaró a través de un mensaje de móvil, sin aclarar la fecha.

La Corporación Empresarial Pública sostuvo por la tarde que el tema es "delicado" (lo mismo en lo que se escudó el consejero de Economía, Alberto Larraz hace una semana para no hablar) y no quiso ni siquiera apuntar si reclamarán el dinero. "La estrategia no se puede ni se debe contar", señalaron.

Las citadas fuentes oficiales argumentaron en un principio que la empresa no les había comunicado el cese de su actividad, aunque admitieron que visitaron la planta de Villanueva tras su cierre. "No tenemos conocimiento oficial, pero hemos ido allí. Estamos pendientes de nuestras inversiones", se limitaron a explicar.

La DGA sostuvo, de esta manera, que si no había emprendido acciones legales era precisamente porque no tenía conocimiento oficial del cierre de la fábrica.

No obstante, los empresarios italianos ya comunicaron en septiembre a sus veinte trabajadores que iban a cerrar antes de fin de año y finalmente los despidieron el 22 de noviembre. Adujeron que la DGA no había cumplido lo pactado, aunque este diario intentó sin éxito hablar con su portavoz, al que remitió su representante comercial en España, Álvaro Lapetra.

La más estricta confidencialidad

Los acuerdos quedaron recogidos hasta en seis documentos que llevan la firma del consejero Larraz, del ex consejero delegado de Savia Santiago Coello y de su sucesor, José Luis Murillo. En el primer documento, un convenio de colaboración rubricado el 10 de junio de 2008, ya se pactó la entrega inicial de seis millones a través de dos contratos de cuentas en participación. Como contraprestación, se estableció la participación en los hipotéticos beneficios, aunque nunca se dio el caso.

Entonces, Tecnam debía comprar por un precio simbólico las acciones de CAG tras su descalabro, aunque solo unos días después, con la firma del contrato (el 16 de julio), ya se le eximió y los fondos comprometidos aumentaban a seis millones. Eso sí, públicamente se dijo que compraba CAG, mientras los italianos firmaban una cláusula por el que "el contenido detallado" del acuerdo quedaba sometido "a la más estricta confidencialidad".

A cambio, Tecnam debía aportar un capital social de 1 millón de euros, diseñar dos avionetas 'made in Zaragoza' y crear 100 puestos de trabajo. Las dos últimas condiciones no se llegaron a cumplir, por lo que el Gobierno decidió congelar la aportación que debía hacer a principios de este año, de 750.000 euros. La situación económica llevó a renegociar las condiciones en mayo de 2009 y se decidió alargar las aportaciones económicas. Para entonces, Savia Capital Inversión había entregado a los empresarios italianos 2.250.000 euros y debía desembolsar los restantes 3,75 millones entre 2010 y 2014. Esos 2,25 millones son los que ahora deberá reclamar la DGA si quiere recuperarlos.

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