La DGA admite que su millonario plan de carreteras está en peligro

Se vendió a bombo y platillo en varias ocasiones y como antídoto al fuerte recorte inversor de los presupuestos, pero el millonario plan de mejora de carreteras podría irse al traste por las "preocupantes" dudas financieras del sistema de concesión planteado. Pese a esto, la DGA no dudó en licitar en abril los ocho contratos para sendos sectores (tres en Zaragoza, tres en Huesca y dos en Teruel) en los que se divide el programa, que mejorará 2.500 kilómetros de la red autonómica con una inversión de 5.200 millones en 38 años y que se adjudicará en una primera fase -650 millones- a final de año.

El consejero de Economía, Alberto Larraz, que siempre ha defendido que no había problemas en esta operación, admitió ayer que hay tres sectores -dos en Teruel y uno en Zaragoza- que están en el aire. En concreto, están pendientes de que Europa (la agencia Eurostat) aclare si computan o no como deuda. Si el informe considerara que sí, supondría un duro revés para el Ejecutivo autonómico que debería replantearse esta operación. Seguir adelante con ella constreñiría aún más las delicadas arcas autonómicas e hipotecaría futuros gobiernos por el elevado nivel de deuda que habría que asumir y que no dejaría margen de maniobra.

Según explicó Larraz en su comparecencia en las Cortes, a instancias del PP, el grupo de trabajo del Gobierno central -integrado por Intervención, el Instituto Nacional de Estadística y el Banco de España- analizó los pliegos de condiciones y la DGA los modificó. En una segunda revisión, se advirtieron dudas en dos sectores y problemas en uno: la inversión prevista no superaba el valor de la carretera en uso en un 50%, como se exige. Ante esta situación, este grupo -siempre según Larraz- decidió enviarlo a Bruselas y se espera una respuesta en julio, un mes antes de que acabe el plazo de presentación de ofertas. "Después, actuaremos de forma responsable", dijo Larraz, sin adelantar alternativas. No descartó asumir algún sector en el presupuesto.

El PP critica "la irresponsabilidad"

Las explicaciones no convencieron al portavoz del PP, Eloy Suárez, que tachó de "irresponsabilidad, temeridad y huida hacia delante" que se siga con el proyecto. "Deberían esperar a tener el informe, porque si no tendrá consecuencias económicas", recalcó Suárez. El portavoz popular vio positivo el objetivo del programa, pero exigió que "se hagan las cosas bien". Y auguró que Europa considerará que todo el proyecto computará como deuda y por tanto, podría anularse. A su juicio, no se cumple con la premisa de que los activos (en este caso, las carreteras) se contabilicen en el balance de la concesionaria porque las vías públicas no se pueden transferir a una empresa privada. En el caso del plan de depuración -siguió el mismo procedimiento- las depuradoras sí pasaron a ser propiedad de la concesionaria.

Chesús Yuste, de CHA, cuestionó que este "modelo pintoresco" mejore la calidad como se vende y advirtió de que la Comunidad "pierde capacidad de control". Además, alertó de "las incertidumbre y dudas" que hay. Adolfo Barrena, de IU, criticó que solo el 30% del plan es obra nueva y el resto, mantenimiento, y denunció "la rigidez" de las concesiones.