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MEDIDAS SANITARIAS

La DGA abre 600 expedientes al año por irregularidades en la manipulación de alimentos

Doscientos inspectores controlan más de 16.000 establecimientos y las multas pueden llegar en casos extremos a los 600.000 euros.

El Gobierno de Aragón abrió, en 2008, 616 expedientes administrativos a establecimientos de la Comunidad por "irregularidades" o "anomalías" en la manipulación o tenencia de productos de alimentación. En concreto, 80 de estas infracciones se dirigieron contra locales minoristas de venta de productos en los que están también incluidos los comedores colectivos.

 

Aragón cuenta con 200 inspectores para supervisar la correcta manipulación de todos los alimentos, desde pequeñas tiendas de alimentación, restaurantes o grandes centros de distribución. En concreto, tienen que vigilar las 'condiciones' de 16.409 establecimientos. En total, el año pasado llevaron a cabo 75.000 visitas, ya que depende de la actividad y del tipo de local (tiene diferente catalogación dependiendo del riesgo) las inspecciones pueden repetirse con mayor o menor frecuencia.

 

"La misión que tenemos no es sancionar en sí, sino tratar de concienciar a los productores de que la responsabilidad de tener todo de manera correcta es suya. Se trata de educar", explicó el jefe del servicio de Seguridad Alimentaria y Medioambiental, Alberto Alcolea. No obstante, según explicó el mismo responsable, las sanciones económicas deben ser suficientemente significativas para que los infractores no repitan. Así, pueden ir desde los 300 euros hasta en casos muy extremos los 600.000. Se puede incluso suspender la actividad, de manera temporal o definitiva, aunque estas situaciones son concretas y ocasionales.

 

Respecto a las inspecciones de tiendas regentadas por inmigrantes que tanto han proliferado, Alcolea explicó que se llevan a cabo como en el resto de establecimientos, y recalcó que las condiciones de venta son similares a las de propietarios españoles.

 

Aunque reconoció algunos de los problemas que se están detectando en estos locales como el mal etiquetado de los productos (muchos están en otro idioma) y su caducidad. Precisamente, en este tipo de situaciones pidió la colaboración ciudadana: "Cuando la gente encuentre en estos o en otros establecimientos alimentos fuera de fecha, deben comunicarlo al Gobierno de Aragón", afirmó Alcolea.

 

Cuando a nivel nacional se hace un llamamiento al resto de Comunidades sobre algún producto sospechoso, se activa la alarma. Por ejemplo, así se hizo en el caso de la adulteración de productos lácteos con melamina (un químico usado para la fabricación de envases). En esa ocasión se retiraron decenas de productos chinos que llevaban esta sustancia.

Cuando esto ocurre, los lotes son devueltos a origen, para su destrucción. De hecho, Aragón no dispone de un almacén donde se acumulen todos los productos inmovilizados o que se retiran de la venta.

 

En un futuro

Una de las cuestiones en las que Salud Pública trabaja en estos momentos es la unificación de criterios en las inspecciones. "Siempre se ha criticado la subjetividad de los inspectores y, precisamente, queremos que todos tengan las mismas pautas", puntualizó Alcolea.

 

Para ello, se está terminando de redactar el Plan Autonómico del Control de la Cadena Alimentaria (Pacca), en el que trabajan conjuntamente los departamentos de Salud y Consumo y Agricultura del Gobierno de Aragón (se controlará la manipulación de alimentos desde el origen hasta la puesta a la venta). En estos momentos, está pendiente de que una empresa externa haga una completa auditoría al documento para garantizar su eficiencia y está previsto que comience a aplicarse en los próximos meses.

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