La Defensora del Pueblo ha abierto una investigación de oficio para analizar y denunciar la "insuficiente" capacidad de las aulas escolares de las distintas comunidades y, como consecuencia, las elevadas ratios de alumnos por clase.

Esta institución -cuya titular en funciones es Mª Luisa Cava, en sustitución de Enrique Múgica- ha enviado a los gobiernos autonómicos y al Ministerio de Educación una carta en la que les solicita información sobre el estado de los colegios e institutos. Una vez recopilados todos los datos, propondrá las medidas correctoras que considere adecuadas.

La Defensora del Pueblo apunta que la saturación se repite todos los años y "revela una deficiente planificación" que "incide negativamente en la calidad del proceso educativo".

Por ello, quiere conocer el estado de los centros, así como las medidas provisionales que se toman para paliar los problemas de espacio: aumento de ratios, aulas prefabricadas, utilización de gimnasios o bibliotecas como aulas...

Aragón no se librará de las reprimendas de la Defensora del Pueblo, ya que los retrasos en algunas obras, la falta de solares para construir escuelas y los errores de cálculo en la previsión de alumnado han obligado al Departamento de Educación a instalar 30 aulas prefabricadas en los colegios e institutos que se han quedado pequeños. En cada uno de esos módulos estudiarán unos 24 niños, por lo que serán en total más de 700 los que reciban clase en estas casetas, unos 200 más de los que lo hicieron durante el pasado curso.

Los problemas de saturación se extienden por todo Aragón, pero son especialmente preocupantes en la ciudad de Zaragoza. Allí, más de 150 aulas de infantil y primaria -aproximadamente el 8% del total- están saturadas y superan el máximo de 25 niños que establece la Ley Orgánica de Educación (LOE), según los datos de un estudio de la federación de enseñanza de Comisiones Obreras. El exceso de alumnado se reparte por todas las zonas escolares de la ciudad, aunque de manera más acentuada en aquellas con un índice mayor de población infantil: en concreto, el Actur, el Arrabal y el entorno de La Jota.

"La Defensora del Pueblo está interesada en conocer estas situaciones y en aportar posibles soluciones", comentaron desde la institución con sede en Madrid. Esta actuación -explicaron- responde al compromiso adquirido en el informe anual que este organismo presentó recientemente ante las Cortes generales y en el que ya expresaba su preocupación por este problema.