La crisis protagoniza la memoria del Justicia

En su comparecencia en las Cortes de Aragón, García Vicente ha hecho un breve recuento de las quejas tramitadas el año pasado por su oficina, un total de 2089, con un incremento del 5 por ciento respecto al ejercicio anterior.

Al respecto, ha incidido en la evolución de las quejas referidas a la vivienda, que han pasado de centrarse en las dificultades para acceder a la compra de un piso a la imposibilidad de hacer frente al pago de hipotecas.

En relación a la vivienda, con un total de 89 quejas recogidas, el Justicia ha comentado que recogen distintos perfiles, los de personas vinculadas a la construcción, que han dejado de percibir sueldos medios y altos y que no pueden pagar sus hipotecas, y las de las parejas que pierden uno de sus dos salarios y se ven imposibilitados para abonar los pagos de su vivienda.

En su exposición ha incidido, por otra parte, en las quejas sobre la seguridad vial y, en concreto, al aumento de la preocupación de los ciudadanos respecto a la peligrosidad de ejes viarios como las carreteras N-2 y N-232, y la variante de Albalate del Arzobispo.

Ha solicitado, en este sentido, que los recortes presupuestarios derivados de la crisis no se centren de forma exclusiva en criterios económicos a la hora de valorar la ejecución de proyectos, sino en la seguridad vial.

Además, García Vicente se ha dirigido al Gobierno aragonés para demandar una red de guarderías públicas a fin de facilitar el acceso a la mujer a un puesto de trabajo, ya que, en su opinión, los costes de las privadas provocan que muchas que podrían optar a sueldos "mileuristas" decidan quedarse en sus hogares para el cuidado de sus hijos.

En su opinión, "si las guarderías cuestan 700 euros al mes y el sueldo es de 1.000, se quitan posibilidades de promoción a la mujer, que opta por quedarse con sus hijos, y éste es un problema que está mejor resuelto en el ámbito rural, donde no existe esta deficiencia de guarderías públicas".

En Sanidad, García Vicente se ha referido a las dificultades que plantea a la administración regional dotar con médicos los centros rurales, y a la necesidad de aumentar el número de facultativos en las provincias de Zaragoza y Huesca, para garantizar una asistencia médica eficaz.

Ha asegurado, asimismo, que su institución ha constado carencias en los centros rurales en materia de barreras arquitectónicas, por falta de información de los ayuntamientos de las ayudas existentes para llevar a cabo estas obras, y problemas de colapso en el centro de especialidades Grande Covián de Zaragoza.

Ha recomendado, además, la adopción de medidas para garantizar que servicios como las consultas de asistencia primaria y las urgencias no se vean colapsados por la presencia de personas que no requieren realmente estas prestaciones.

También ha hecho referencia a las quejas relacionadas con la asistencia social, entre las que ha destacado con las listas "prolongadas" generadas en el servicio de asistencia a domicilio en Zaragoza, y al retraso acumulado en la tramitación de los expedientes vinculados a la Ley de Dependencia.

Ha criticado, por otra parte, las dificultades existentes para garantizar el acceso a la función público debido la "tendencia" existente a valorar de forma "excesiva" la antigüedad de los empleados públicos que optan a este tipo de plazas.

"Hay casos -ha añadido- en que aunque se saque un 10 en una prueba, es imposible acceder a la función pública, y por eso no estamos de acuerdo con la valoración que se le da a la antigüedad".