Esta legislatura, que empezó en julio de 2007, está ya más que finiquitada, a juicio de todos los grupos políticos (estén en el gobierno o en la oposición) y de los agentes sociales. Hay muchas razones, tanto políticas como económicas, pero sin duda, hay un punto de inflexión importante a raíz, según opinan la mayoría de los consultados, de la pérdida del nivel de influencia de Aragón en el conjunto del Estado.

Una afirmación relativa e interesada, porque algunos intentan vincular ese momento con el anuncio público de la renuncia de Marcelino Iglesias a volver a ser candidato socialista a la presidencia de la Comunidad Autónoma. Algo influyó, pero tiene mucho más que ver la recesión global de la economía, la presión de las autonomías con mayor capacidad para decidir alianzas de gobierno nacional y la carencia de presupuestos e inversiones que se ha producido desde 2009.

Una buena prueba es que no se ha librado ninguna Comunidad y prácticamente ninguna de las administraciones locales y provinciales de España. Si hablamos de Aragón, no hay más que ver que solo el Ayuntamiento de Zaragoza, con muchos peros y gracias al plan estatal de inversiones, puede hablar de algunos avances, pero tiene un gasto corriente cada vez más insostenible, una fuerte caída de los ingresos y un escaso margen para hacer frente a los retos de futuro.

Los ayuntamientos de Huesca y Teruel, y no citamos más porque tienen situaciones similares, las deudas y la pérdida de ingresos tributarios los han dejado sin recursos para desarrollar programas, obras, planes, infraestructuras y equipamientos que deberían estar en marcha, terminados o en fase de ejecución. Son una copia del Gobierno de Aragón. Las cifras y las estadísticas dejan claro que somos la Comunidad que más pierde empleo y riqueza.