La construcción del embalse de San Salvador también acaba en los tribunales

El embalse de San Salvador, ejemplo de obra hidráulica impulsada a través del diálogo y el consenso, también ha acabado en los tribunales. Su construcción fue aprobada por unanimidad en la Comisión del Agua, permitió descartar la polémica presa de Santaliestra, desactivó todos los conflictos judiciales abiertos en torno a la regulación del Ésera y se levantará en plena zona regable del Canal de Aragón y Cataluña. Sin embargo, ayer mismo se anunció ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón un recurso contencioso-administrativo que pide la anulación del convenio de financiación que permitió el inicio de los trabajos.

La demanda la han presentado tres comunidades de regantes de base y otros tres particulares que se oponen a hacer el embalse y consideran que el acuerdo que autorizó la firma de ese convenio se adoptó vulnerando las ordenanzas de la Comunidad General de Regantes del Canal de Aragón y Cataluña.

Ese acuerdo se alcanzó con el apoyo del 56% de los votos emitidos, la mayoría absoluta de los asistentes a la asamblea general extraordinaria celebrada el 10 de mayo del año pasado, y un 39% de votos en contra. Sin embargo, los recurrentes sostienen que el reglamento del sistema obligaba a que la decisión se tomara por mayoría absoluta no de los presentes en la votación, sino del total de usuarios del sistema incluidas las industrias y los abastecimientos urbanos -algo que a su juicio no sucedió-.

Las tres comunidades de base y los tres regantes particulares entienden, por tanto, que ese acuerdo es nulo. En consecuencia, piden a la Confederación Hidrográfica del Ebro, órgano superior del Canal de Aragón y Cataluña, que deje sin efecto el convenio firmado por la CHE, la empresa Acuaebro y la Comunidad General para financiar la construcción del embalse de San Salvador. Esto supondría dejar en suspenso el proyecto, ya que en la propia licitación de las obras se advertía de que los trabajos no podrían adjudicarse sin el convenio.

Los recurrentes han acudido a los tribunales después de agotar la vía administrativa -en total hubo hasta 10 recursos de alzada- y tras comprobar que la respuesta de la Confederación era el silencio. Una vez admitido a trámite el recurso contencioso, el organismo de cuenca tendrá 20 días para remitir al Tribunal Superior de Justicia de Aragón el expediente completo. Cuando lo tengan a su disposición, los abogados de los demandantes dispondrán de otros 20 días para presentar el cuerpo del recurso.

Querella por prevaricación

Además, uno de los particulares que han recurrido el convenio también ha presentado una querella criminal por prevaricación contra el presidente del Canal de Aragón y Cataluña, José Luis Pérez. El querellante utiliza los mismos argumentos para defender que el acuerdo ahora impugnado era nulo y denuncia que, pese a ser consciente de que había varios recursos de alzada que lo cuestionaban, Pérez siguió adelante.

"A pesar de estar pendiente de resolución los recursos de alzada interpuestos, sin esperar a la resolución de los mismos y, por tanto, sin estar autorizado (...), el querellado José Luis Pérez firmó el convenio (...) -dice el escrito-. Dicha firma se produjo con conocimiento (...) de la injusticia y arbitrariedad de su actuación".

Este particular también se ha querellado por un delito de falsedad documental contra un jefe de área de la CHE que, en respuesta a una alegación del propio querellante, sostuvo en un informe técnico que el núcleo de Casasnovas -que quedará anegado por el embalse de San Salvador- no es una población. El escrito se basa en las normas subsidiarias de Huesca para sostener lo contrario.

José Luis Pérez está llamado a declarar como imputado el próximo 12 de febrero. El técnico de la CHE ya lo hizo el 13 de enero.