La Comunidad renuncia a su principal arma legal contra el trasvase del Ebro

Aragón ya no tendrá el derecho a emitir informes "preceptivos y determinantes" que tengan carácter vinculante cuando el Gobierno central apruebe otro trasvase del Ebro. La comisión bilateral Aragón-Estado (formada por altos dirigentes de ambas administraciones) ha aprobado un acuerdo por el que la DGA se compromete a reinterpretar la ley de Ordenación del Territorio de Aragón, aprobada por el Parlamento autonómico el año pasado.

El debate estalló con la última propuesta de minitrasvase del Ebro (la que va destinada a cuatro municipios catalanes). En esa maniobra, el Gobierno central tuvo que pedir un informe preceptivo a la DGA y -además- estar pendiente del Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón, ya que tenía derecho a emitir una opinión "determinante". Es decir, que si se manifestaba en contra podía pararlo. Con este panorama como antecedente, el Gobierno central y el aragonés entablaron conversaciones sobre la necesidad de acotar esta ley ya que, a juicio de Madrid, podría vulnerar la Constitución. Igual que ha ocurrido en otros asuntos, la DGA accedió al planteamiento de Madrid y aceptó ceder sin pasar por los tribunales. Llama la atención que la resolución para iniciar las negociaciones se aprobó el 14 de septiembre, solo unas horas antes de que la DGA también pactase con Madrid renunciar a 300 millones de la deuda tributaria.

En ese primer acuerdo se creó, dentro de la comisión bilateral, "un grupo de trabajo" para llegar a una solución. Y la solución, muy satisfactoria para el Ejecutivo central, supone el compromiso de la DGA de que donde pone "determinante" y "preceptivo" debe interpretarse exclusivamente que "no tiene naturaleza vinculante". Además, el Gobierno de Aragón ha accedido a que, en el caso de que el Ejecutivo central apruebe un trasvase, si el Consejo de Ordenación del Territorio tarda más de dos meses en emitir su informe, se entenderá que es "favorable".

La DGA se ha comprometido con el Gobierno central a incorporar todas estas autolimitaciones en un decreto que aprobará próximamente. A cambio, Madrid se compromete a no ir al Constitucional.

Fuentes de ambas administraciones explicaron en su momento que era cuestionable el derecho de una comunidad autónoma a emitir informes "determinantes" para bloquear actuaciones estatales. Hay que decir que, aunque no es una figura administrativa al uso, la DGA ya creó esta categoría de informes en la batalla contra el trasvase del Ebro del PHN de 2001.

Sin acuerdo con los Concejos

Y si ambas administraciones sí se han puesto de acuerdo en la limitación de competencias de Aragón para parar posibles trasvases, en cambio han rechazado pactar la ley de Concejos Abiertos. Aquí el conflicto está en que la norma aragonesa permite que los municipios de más de 40 habitantes tengan ya concejales, mientras que la ley estatal establece que deben funcionar en régimen de concejos abiertos (asambleas) todos los que tengan menos de 100 habitantes. Es decir, con la norma aprobada en las Cortes, habría muchos más municipios con concejales en Aragón, con lo que implica tanto en las comarcas como en la Federación Española de Municipios y Provincias.