La Cámara de Cuentas no podrá imponer multas coercitivas a las entidades o personas físicas que se nieguen a colaborar con el órgano fiscalizador. El reglamento de funcionamiento fue aprobado ayer (por unanimidad) por la Mesa y la Junta de Portavoces, pero sin el apartado que preveía multas de un mes de sus haberes a los empleados públicos o de 1.000 euros, a los particulares, que omitieran su deber de colaboración.

Según explicaron fuentes parlamentarias, ya existe en la legalidad vigente un proceso establecido para obligar a cooperar. En concreto, si se niega una información, se plantea un requerimiento con un nuevo plazo; se informa a la DGA del incumplimiento; y también se puede llevar a la Fiscalía. Además, se crea un registro público de requerimientos. Pero no habrá multas coercitivas.

No obstante, el órgano fiscalizador autonómico sí podrá pedir el auxilio del Tribunal de Cuentas, que sí tiene competencias para imponer multas coercitivas. Además de esta modificación, también se ha acotado más la dependencia de las Cortes, de forma que prácticamente todo tiene que recibir el visto bueno del Parlamento. Más allá de esto, se han traspuesto artículos de la ley para que quedaran plasmados en la norma.

Una vez superado este trámite, el siguiente paso será aprobar el presupuesto (el día 29), para que el órgano fiscalizador pueda remitir la relación de puestos de trabajo y convocar la oferta de empleo. En principio, está previsto que se formen tres equipos de auditores con un director, técnicos de auditoría y ayudantes. También habrá informáticos, personal de secretaría general.... Los plazos que se barajan prevén que en abril podrían estar ya todos incorporados, de forma que -tras un periodo de formación breve- se pudieran poner a trabajar en mayo o junio. En junio, la DGA debe remitir su cuenta general por obligación. Para el resto, será necesario aprobar un plan de fiscalización con las prioridades para auditar.