La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó al juez Fernando Grande-Marlaska la reapertura de la causa sobre la identificación de 30 de los 62 militares que fallecieron en el accidente del avión Yakovlev-42, al considerar que los cuerpos "fueron erróneamente identificados y la trascendencia jurídica de las inexactitudes" podría constituir "un ilícito penal".

El auto de la Sala, presidida por el magistrado Alfonso Guevara, ordena la continuación de la causa por un delito de falsedad documental respecto al general médico Vicente Navarro, que se encargó de elaborar la lista de los 62 fallecidos; y a los dos oficiales médicos que redactaron los informes de necropsia, el comandante José Ramírez y el capitán Miguel Saéz. Sin embargo, no incluye en este procedimiento al general del Ejército del Aire José Antonio Beltrán, que dirigió la comisión militar responsable de las identificaciones y la repatriación de los cuerpos, y que fue imputado por los familiares de las víctimas.

En la vista de apelación, que se celebró el pasado 15 de abril, el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Fernando Burgos, solicitó la reapertura de la causa, archivada por Grande-Marlaska el 22 de noviembre de 2007, al entender que los mandos militares incurrieron en "dolo falsario" porque realizaron las identificaciones de forma "arbitraria" y a sabiendas de que eran "incorrectas".

El accidente del Yakovlev-42, que tuvo lugar en Trabzon (Turquía) el 26 de mayo de 2003, provocó la muerte de 62 militares españoles que regresaban de su misión en Afganistán, en lo que significó la mayor catástrofe de las Fuerzas Armadas españolas en tiempos de paz.

Recursos de las familias

Con la resolución de la Sala de lo Penal, se estiman parcialmente los recursos presentados por las familias de los militares y revoca, también parcialmente, el auto de archivo de Grande-Marlaska porque excluye de la acusación del delito de falsedad documental al general José Antonio Beltrán, coordinador de la operación de recuperación de los cadáveres, que fue enviado expresamente por el entonces ministro de Defensa, Federico Trillo.

Califica de "razonables" las dudas que tanto la Fiscalía como las familias han expuesto sobre los posibles errores en la identificación de los cadáveres de los militares y estima que esta conducta "conecta" con un falseamiento de la realidad.

Por ello, considera que estas dudas "denotan una cuestión compleja, que ha de ser solventada" en un juicio, en el que se tendrá que resolver si se actuó de manera "imprudente" y si se procedió de forma intencionada.

En el auto, la Sala argumenta que el general Navarro, a quien el fiscal acusa de elaborar la lista con los militares muertos y de "rellenar" de forma arbitraria los treinta espacios en blanco que correspondían a los militares que las autoridades turcas no pudieron identificar, puede haber incurrido en un delito de falsedad documental, castigado con una multa de 6 a 12 meses y suspensión de empleo por el mismo tiempo.

El tribunal justifica la acusación contra los dos militares, Ramírez y Sáez, debido a "su presencia activa en el lugar", examinando los cuerpos "tanto en lesiones como constatando cualquier objeto útil para su identificación". A Ramírez y Sáez el fiscal de la causa, Fernando Burgos, les responsabiliza de hacer un informe de necropsia con 30 identificaciones realizadas de forma aleatoria.

La sección tercera argumenta su decisión de no imputar al general Beltrán porque dice que se limitó a firmar el acta de entrega de los cadáveres y coordinó el trabajo realizado por el equipo médico formado por los tres militares acusados, que fue el que hizo las identificaciones.

El fallo que ha adoptado este martes la Sala de lo Penal se produce tras la vista que se celebró el 15 de abril para estudiar el recurso de apelación de la Fiscalía y las familias contra la decisión de Grande-Marlaska de cerrar la investigación sobre la identificación de los cadáveres.

Es la segunda vez que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordena al juez reabrir una instrucción relacionada con el accidente del Yak-42, después de obligarle el pasado 22 enero a volver a investigar las supuestas irregularidades relativas a la contratación del avión.