Las críticas y el rechazo a las decisiones anunciadas ayer por el ministro de Fomento, José Blanco, y a la actuación del Gobierno central fueron unánimes, por parte de todos los agentes sociales y los partidos aragoneses. Los socialistas, con matices y ambigüedad, trataron de aguantar el chaparrón, intentado justificar al Ejecutivo autonómico (concretamente a la parte PSOE) incapaz de reaccionar, de plantar cara, de presionar y de tomar medidas. Como es habitual con el ministro Blanco en los dos últimos años. Aragón es con diferencia, junto a Castilla y León y Cantabria, el más perjudicado por un recorte brutal de las inversiones estatales en carreteras y en infraestructuras para lo que queda de año y para el próximo. Más todavía que lo sucedido en el presupuesto estatal en curso, con la complicidad pasiva de la DGA. Como ahora.

Públicamente, ni el presidente Marcelino Iglesias, ni el consejero de Obras Públicas, Alfonso Vicente, ni los secretarios de Estado de Fomento, Víctor Morlán, o Educación, Eva Almunia (ambos son oscenses), ni los diputados aragoneses del PSOE en el Congreso, daban el tono y se rebelaban contra el brutal recorte y la paralización de obras esenciales para el desarrollo y el futuro de la Comunidad Autonóma. Mientras que el PAR, socio del PSOE en el Gobierno de Aragón, arremetía duramente contra Blanco y le pedía, por boca de su portavoz Javier Allué, que "si no rectifica sería mejor que la próxima semana no venga, como tiene previsto, a inaugurar junto a Morlán el tramo de autovía entre Velillas y Siétamo". Una buena advertencia, para que nadie piense que el ministro viene a provocar, como así indicaban partidos y organizaciones sociales. Por parte del PSOE, fue el portavoz parlamentario, Jesús Miguel Franco, el que tuvo que salir al ruedo para reconocer que "es una muy mala noticia, que en parte se debe a que Aragón tiene mucha obra pública. En todo caso es una situación difícil y complicada que vamos a ver si podemos resolver lo antes posible".

El portavoz del grupo parlamentario socialista reconoció que "las noticias son malas. Sobre todo lo que se refiere a la conexión entre Navarra y Huesca, porque son tramos muy importantes para la Comunidad autónoma que afectan al desarrollo de la nieve y del turismo".

Eloy Suárez, portavoz del PP, aseguró que "Zapatero se ha ensañado con Aragón" y enumeró obras frustradas como la A-40, el Canfranc, la TCP o, ahora, la autovía entre Huesca y Pamplona. "Fomento -dijo- penaliza a Aragón, porque Iglesias es sumiso y nunca ha levantado la voz". Criticó a Morlán, anunció que solicitará un pleno extraordinario y pidió al PAR que rompa con el PSOE porque esto es "un torpedo a la línea de flotación" de la candidatura olímpica".

El portavoz del PAR, Javier Allué, fue contundente: "Aragón no puede soportar más agravios. Es intolerable que se paralicen tramos como el de Monrepós. El ministro Blanco ha cometido un error político que pagaremos todos los aragoneses con más paro y más crisis y ni Canfranc ni TCP".

Nieves Ibeas, presidenta de CHA, incidió en estos mismos puntos y adelantó que va a solicitar la reunión urgente de la Diputación Permanente de las Cortes de Aragón (IU también lo anunció). "Somos la Comunidad más perjudicada. Es inadmisible que la DGA no reaccione y resulta patética la actitud de Iglesias y de Alfonso Vicente. El Ejecutivo central solo habla con los nacionalismos (PNV y CiU), porque los diputados aragoneses de PSOE, pasa igual si son del PP, no abren la boca".

Para Adolfo Barrena (IU), "en Aragón nos vamos a quedar sin nada de inversiones y de infraestructuras. La medida de Blanco es grave e inaceptable, aumenta el paro, no crea puestos de trabajo y perjudica a Aragón mucho más que al resto, una ve más. La actitud de la DGA es vergonzosa y cómplice de políticas liberales que no benefician al conjunto de los ciudadanos. Solo a unos pocos, es decir a los más poderosos".

"Avala la huelga general"

Los secretarios regionales de UGT y de Comisiones Obreras, Julián Lóriz y Julián Buey, respectivamente, coincidieron al señalar que las medidas y el discurso de Blanco "avalan la huelga general del 29 de septiembre".

A su juicio, "esto es un paso más del plan de ajuste, como venimos denunciando. Decisiones de este tipo enfrían la economía, aumentan el desempleo y no creen empleo". Ambos incidieron en reclamar al Gobierno aragonés "más energía y capacidad de reacción para defender los intereses de Aragón y las posibilidades de desarrollo y de futuro en sectores estratégicos y logísticos".

Lóriz y Buey coincidieron con el presidente del Círculo Aragonés de Economía, Ignacio Martín-Retortillo (ex presidente de la Cámara de Huesca y de las Cámaras de Aragón), y el de la Confederación de Empresarios de la Construcción, Antonio Ballarín, sobre "la destrucción del tejido industrial y la pérdida de empleo".

Martín-Retortillo resaltó que "para el Alto Aragón, las comunicaciones paralizadas son vitales para los valles, el turismo, el ocio, la nieve y para mantener la población del medio rural. Reducir el gesto público no tiene nada que ver con recortar las inversiones. Ballarín resaltó que "en Aragón solo quedará de obra pública el programa de carreteras de la DGA (plan RED), insuficiente para mantener las empresas y los puestos de trabajo".