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Aragón
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LA POLÉMICA DEL AGUA

Iglesias interpondrá un contencioso si el Gobierno central no deroga el trasvase

El presidente aragonés asegura que la declaración de De la Vega "no es una contestación oficial" al Ejecutivo

El Gobierno de Aragón interpondrá un recurso contencioso-administrativo para frenar el trasvase del Ebro a Barcelona. Que se adopten estas medidas, en contra del convenio firmado entre el Estado y la Generalitat y en contra de la adjudicación de las obras, depende de que el Gobierno central rechace de "forma oficial" el requerimiento de la DGA de paralizar la tramitación de la obra del trasvase, tal y como ya se ha planteado por el Ejecutivo autonómico. Se considera que el decreto-ley que lo autoriza no puede estar vigente, puesto que en Barcelona ya no se está en situación de emergencia.

El presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, aseguró ayer en la localidad de Castelserás, donde tuvo lugar la celebración del Día de la Rosa del PSOE de la provincia de Teruel, que se adoptarán las "medidas legales convenientes" en el caso de que no se atienda la petición del Ejecutivo autonómico y "se irá a un contencioso".

Para Iglesias, la reciente declaración de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que respalda a Cataluña, "no es una contestación oficial" al Ejecutivo aragonés, si no más bien "una opinión en rueda de prensa". Añadió que "Aragón tiene suficiente capacidad para merecer una respuesta por escrito". El presidente dijo que tiene previsto entrevistarse con De la Vega. "No sé si por teléfono o personalmente porque tengo muy buena relación" y "espero que como es una persona muy sensata atienda nuestras razones", detalló.

Asimismo, confía en que De la Vega cambie su posicionamiento, dado que las previsiones atmosféricas para los próximos cinco días podrían superar los 200 hm3 de reserva para el sistema del Ter-Llobregat. Con estos datos sería "difícil justificar y mantener la emergencia hasta el próximo año, por lo menos", dijo Iglesias.

El levantamiento del sistema de alerta que tenía planteada la Generalitat era a partir de 165 hm3 de reserva para poder regar jardines y llenar las piscinas y ahora se cuenta con una reserva de 190 hm3, con lo que se superan las circunstancias de excepcionalidad. Iglesias espera que la razón que defiende de que no hay emergencia la reconozcan los tribunales, tal y como lo hizo la misma Generalitat, que tuvo que cambiar hace unos días el decreto de sequía.

El Ejecutivo Autonómico va a presentar un recurso al Tribunal Constitucional para impugnar el artículo 3 del decreto-ley por considerar que la compra venta de agua a los regantes puede ser inconstitucional. De la Vega también desestimó que tenga efecto este recurso en el caso del trasvase a Barcelona, dado que los regantes ceden gratuitamente el agua. El presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, dijo ayer que no comparte la opinión de la vicepresidenta.

El Gobierno de Aragón ha interpuesto siempre recursos cuando ha habido alguna ley que haya planteado la posibilidad de abrir "un mercado del agua", frente a la idea de que sea un bien público y en este decreto que recoge el trasvase así se expone porque "posibilita las cesiones que no son gratuitas y por tanto queremos prevenirlo", dijo Iglesias. Recordó que es una práctica que ha venido desarrollando el Ejecutivo autonómico desde 1999, donde ya hubo una modificación de la ley de aguas, y en 2001. El presidente aseguró que en el momento en el que los servicios jurídicos tengan preparado el recurso se presentará.

El presidente autonómico insistió en que no es contradictorio el cambio de posicionamiento que ha habido en el Gobierno de Aragón con respecto al trasvase de Barcelona. Para Iglesias la polémica del agua ha estado "enturbiando" el debate político. Valoró que una ciudad no se puede dejar desabastecida, de ahí que, explicó, había que buscar una solución urgente.

Estimó que desde Aragón se han dado los pasos convenientes y bien fundamentados. Por eso se pidieron todos los informes desde el Gobierno para adoptar una decisión. Sin embargo, consideró que ahora que ha variado la situación a consecuencia de las lluvias en Cataluña se ha considerado que "estas obras no tienen cobertura legal" porque no hay emergencia para el decreto-ley.

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