El presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, ha anunciado que su Ejecutivo trabaja en un plan de ahorro complementario al anunciado por José Luis Rodríguez Zapatero, que como eje fundamental tiene una profunda revisión de las empresas públicas de la Comunidad.

Esta reestructuración del sector público empresarial, compuesto por 75 sociedades, afectará a más de 25 compañías que se verán sometidas a procesos de desinversión; a otras seis que serán liquidadas o disueltas, y a otras, sin determinar su número, que se fusionarán.

Ésta es una de las medidas que ha anunciado Iglesias ante el pleno de las Cortes, donde ha comparecido a petición propia para explicar el plan de ajuste presentado por Zapatero para rebajar el déficit público, que incluye medidas como la congelación de las pensiones, la bajada del salario de los funcionarios o el freno a la inversión pública.

Las medidas de este plan "afectas" al Gobierno de Aragón, ha explicado Iglesias, pueden suponer un ahorro de más de 80 millones de euros hasta el final del ejercicio, a lo que hay que añadir, ha añadido, el conseguido con los Presupuestos de 2010, que disminuyeron un dos por ciento sobre los de 2009, consiguiendo una "contención" de 118 millones.

En 2010, ha afirmado, en Aragón se han ajustado los gastos de personal, el gasto corriente ha disminuido un 4% y han bajado los gastos de protocolo, divulgación y publicidad en un 45%.

En este contexto de ausencia de confianza de los mercados, debilidad del euro e incremento de la deuda, Iglesias ha reconocido que a los empleados públicos, "que evidentemente no son culpables de la crisis", se les está pidiendo ahora "un esfuerzo, un favor hacia quienes lo están pasando peor", puesto que tienen "más estabilidad" en su puesto.

Los parados ya han "pagado con creces" su peaje y ahora se solicita un "esfuerzo excepcional" a quien tiene seguridad en su trabajo, ha destacado.

Pensiones

Respecto a la congelación de las pensiones, ha precisado que las mínimas y las contributivas (alrededor del 34% del total de las aragonesas) sí que se incrementarán, y ha insistido en que las pensiones han subido sistemáticamente todos los años, por lo que una "congelación temporal" no será "una pérdida importante" de la calidad de vida.

En todo caso, ha recordado que Aragón parte en materia de deuda y déficit de una "posición mejor" que el resto de autonomías, puesto que cerró 2009 con una duda del 5,7% del PIB frente al 8,2% de media española, pero a pesar de ello está "decidida" a cooperar en el esfuerzo planteado por la Unión Europea y asumido por España.

Críticas de la oposición

Los grupos de la oposición han vertido duras críticas y, en este sentido, el popular Eloy Suárez ha lamentado la disminución de la inversión productiva, porque crecerá el paro cuando el número de desempleados roza ya en Aragón los 100.000.

Tras reprochar las "mentiras" y la "especulación con el futuro de los ciudadanos" que muestra el PSOE, ha insistido en la receta del PP, recortar el gasto de las Administraciones Públicas, en el caso de la aragonesa en la plantilla de asesores, en protocolo y publicidad, en las subvenciones directas a entidades y, sobre todo, en las empresas públicas, porque sin medidas así será "difícil" que los damnificados por el plan de Zapatero "entiendan algo".

Por parte de CHA, Nieves Ibeas ha recalcado que desde el miércoles pasado, cuando Zapatero perdió "toda su confianza", el Gobierno está desacreditado, porque ha pasado por encima del Pacto de Toledo y de la Mesa de la Función Pública y ha interferido de manera irresponsable en el proceso de concertación y diálogo social.

No es "justo", a su juicio, que la crisis la paguen "quienes no la han generado" y en este sentido ha lamentado que se tomen primero medidas para "la gente de a pie" cuando la banca obtuvo en 2009 beneficios "insultantes".

También ha pedido que el recorte en las inversiones no se reparta "equitativamente" entre las Comunidades, cuando Aragón ya tiene "una experiencia larga en recortes de todo tipo".

El portavoz de IU, Adolfo Barrena, ha centrado sus críticas en la vertiente de "derechas" que ha tomado el Gobierno socialista, que adopta medidas antisociales mientras "los especuladores y la banca siguen con los bolsillos llenos después de una inyección de 250.000 millones de euros".

Para Barrena, es "indignante" que la solidaridad que se pide a los pensionistas o funcionarios no se extienda a los consejeros delegados de las empresas del Ibex, pero ha dicho que eso es algo que "no se atreve" a hacer el PSOE, para "regocijo" del PP.

Ante esto, ha propuesto recuperar del Impuesto de Patrimonio, incrementar la tributación de las Sociedades de Inversión Capital-Valores (que sólo tributan al uno por ciento con un mínimo de inversión de 24 millones de euros); el retorno de las tropas de Afganistán, reducir la asignación a la Casa Real, cobrar impuestos a la Iglesia y aplicar un IVA especial "a los Rolex, los yates y los Maseratis".

Finalmente, Javier Allué (PAR) ha reconocido que hay un problema de "credibilidad" en el Gobierno de España, al que ha pedido que implemente medidas para que "todo el mundo" haga un esfuerzo "en función de lo que le corresponde" y que adopte otras "estructurales" de cambio de modelo económico.

El socialista Jesús Miguel Franco ha mostrado su apoyo sin fisuras a la acción de los Gobiernos de España y Aragón.