La subida del canon de vertidos provoca un aluvión de recursos de los ayuntamientos

Los ayuntamientos del Pirineo no se han quedado cruzados de brazos ante la fuerte subida del canon que pagan por verter sus aguas residuales a los ríos, a la espera de la construcción de unas depuradoras que no acaban de llegar. Los alcaldes están recurriendo en cascada la tarifa de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), que en algunos casos se ha quintuplicado. En Biescas ha pasado de 8.000 euros a 29.000; en Canfranc, de 3.000 a 12.000; y en El Grado, de 800 a 4.000 euros, por citar solo tres ejemplos.

La CHE ha recibido ya 15 recursos, pero se esperan muchos más porque la actualización de esta tarifa se ha realizado, según los ayuntamientos, con unos datos de población sobredimensionados. Por lo pronto, la Asociación de Entidades Locales del Pirineo Aragonés (Adelpa) acaba de remitir una carta a sus asociados (integra a 107 municipios, más de la mitad de la provincia) en la que recomienda revisar el canon de vertidos y plantea recurrirlos. También ha informado a la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias.

El vicepresidente de Adelpa y alcalde de El Grado, Joaquín Paricio (PP), habla de «injusticia». En su opinión, en los próximos años los ayuntamientos del Pirineo tendrán «una doble sanción» que resulta paradójica: «Nos hacen pagar un canon de vertidos por no tener depuradoras, que deberían estar construyéndose; y pagamos el canon de saneamiento por la construcción de unas depuradoras cuando no se están ejecutando las obras». El caso extremo es el de aquellos a los que con la depuradora terminada, por error, también se les ha pasado.

Con dinero del contribuyente

Según Paricio, los entes locales deberían pagar uno u otro pero no los dos, y además aumentados. El de saneamiento se repercute directamente en el recibo del agua y el otro lo paga el Ayuntamiento, «pero con dinero del contribuyente». El Grado también prepara un recurso y su alcalde cree que lo harán la mayoría, dadas las elevadas cuantías.

Adelpa y la CHE mantuvieron una reunión el pasado 10 de enero para tratar el tema, ante lo gravoso de la revisión. La Confederación está obligada por la ley a actualizar el canon y para ello contó con datos del plan de depuración del Pirineo, unas cifras hinchadas, según los alcaldes, porque se hicieron en época de expansión urbanística y con previsión de 20 o 30 años. El compromiso del organismo de cuenca es aceptar todos los recursos motivados con datos reales de población y consumo. Incluso se ha ofrecido a asesorar a las corporaciones locales y a revisar los expedientes.

Entiende la preocupación municipal, sobre todo porque esta subida se suma a la del canon de saneamiento, que pasa el Gobierno de Aragón precisamente para costear las depuradoras. Sin embargo, de las casi 300 previstas, están en obras poco más de 30. La DGA garantizó en marzo de 2011 que a mediados de 2012 estarían en marcha, algo que no ha ocurrido.

Por otra parte, Adelpa ha pedido a los ayuntamientos «un esfuerzo» para instalar contadores de agua «lo antes posible», pues la falta de los mismos impide realizar lecturas reales para calcular tanto la tarifa de vertidos como la de saneamiento.

Un enriquecimiento «ilícito»

El alcalde de Canfranc, Fernando Sánchez (PSOE), fue el primero en alzar la voz contra el incremento y ya ha recurrido, lo mismo que el vecino municipio de Villanúa. Si no hay cambios, amenaza con acudir a los tribunales por vía contencioso-administrativa porque hay «un enriquecimiento ilícito», dice. Aclara que el Gobierno central y la DGA se comprometieron a construir unas depuradoras que todavía no han hecho, «ni están los proyectos ni las obras, cuando la adjudicación fue hace tres años». «Parece que nosotros somos los únicos culpables cuando ellos son en parte responsables de lo que está pasando».

«No entendemos la revisión, de repente, a través de una carta, y más en este momento, teniendo en cuenta la situación económica. Podían haber hecho una subida gradual», señala Fernando Sánchez. Tampoco está de acuerdo en cómo se ha hecho el cálculo del canon. «En lugar de calcular el mínimo se calculaba el máximo, con la población de dentro de 30 años, con las segundas residencias ocupadas, la máxima ocupación en los hoteles ...». Canfranc es una de las localidades sin contadores, lo que dificulta tener cifras reales.

El alcalde de El Grado también lamenta que el incremento llegue «cuando los ayuntamientos de todos los tamaños y colores estamos intentando no subir el carné de la biblioteca, la entrada de las piscinas o el impuesto del IBI».