La constructora del embalse de Almudévar realiza los sondeos previos a las obras

La empresa ha excavado diversas zanjas y efectuado perforaciones en el lugar donde se construirán las dos presas.
El estudio geológico iniciado parte de la redacción del proyecto, para el que hay un plazo de seis meses

La unión temporal de empresas formada por Sacyr, Vías, Sogeosa y Corsán-Corvián está ejecutando los primeros trabajos en Almudévar para la construcción del embalse. Desde hace varias semanas realiza sondeos en los terrenos. La adjudicataria, que cuenta con un presupuesto de 110 millones de euros, tiene seis meses para redactar el proyecto técnico y 48 para hacer las obras. 


Según explicaron desde laConfederación Hidrográfica del Ebro, las prospecciones comenzaron el 8 de agosto y deben estar finalizadas el 30 de septiembre, aunque parece que acabarán antes y no agotarán el plazo. 


Las catas se han realizado en la zona donde se asentarán las dos presas de materiales sueltos, una en el costado occidental y otra en el oriental, que cierran la amplia vaguada de 1.152 hectáreas inundada para almacenar 169 hectómetros cúbicos. Ha sido necesario solicitar permiso de entrada en 25 fincas, 22 de ellas en Almudévar, el municipio más afectado, y el resto de Huesca y Vicién. Como compensación, los propietarios han recibido entre 100 y 400 euros, dependiendo del tipo de actuación: en unos casos era necesario abrir zanjas, en otros perforar el terreno y en otros una máquina trabajaba en la superficie para inspeccionar el subsuelo. 


Previamente, técnicos de la CHE mantuvieron una reunión en Almudévar con los afectados por las ocupaciones temporales. No era el objeto del encuentro, pero los asistentes se interesaron por el dinero que recibirán por las expropiaciones. Aunque se les comentó que era pronto para concretarlas, se avanzó una cifra media estimativa, unos 15.000 euros por hectárea, según los valores actuales, regulados por una normativa. De confirmarse, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente gastaría más de 15 millones de euros en las indemnizaciones. No obstante, los técnicos insistieron en que deberán esperar al inicio de este proceso, que no será antes de seis meses, plazo fijado para la redacción del proyecto.


El embalse inundará un total de 1.152 hectáreas, pero la superficie a expropiar será mayor por las infraestructuras complementarias: 1.050 están en Almudévar (995 de cultivo y el resto, caminos, yermos y la parcela donde está enclavada la ermita), pertenecientes a 220 propietarios; en el término municipal de Huesca solo hay un afectado, una empresa agrícola propietaria de 250 hectáreas; y otros 18 titulares son de Tardienta, Sangarrén y Vicién, con poco más de 3 hectáreas. 


El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente todavía no les ha puesto fecha ni precio, dado que hasta ahora solo se cuenta con un anteproyecto y será el proyecto el que precise el área ocupada. Una delegación de afectados, acompañada por representantes del sindicato agrario Asaja, ha viajado ya en dos ocasiones a Madrid para entrevistarse con la directora general del Agua, Liana Ardiles. La última vez, solo dos días después de formalizarse la adjudicación de la obra, en junio. En octubre está prevista otra toma de contacto con propietarios de suelo. 


"Confiamos en que la tercera reunión sirva para concretar algo más. El Ministerio se comprometió a tener una valoración en octubre", señaló Juan José Alastrué, uno de los miembros de la citada delegación, que como afectado por los sondeos también participó en el encuentro informativo con los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Ebro. "Nos hablaron de 15.000 euros, pero ya aclararon que es un cálculo con los baremos actuales y puede variar cuando llegue el momento de expropiar", aclaró. 


Alastrué se muestra escéptico, porque "una cosa es la valoración del suelo y otra la afección a cada agricultor". En su caso, perderá el 20% de la explotación agrícola, de unas 200 hectáreas, por no hablar de las tierras que se llevan en arriendo y que también se inundarán. "Si te expropian el 20% o el 30%, afecta a la viabilidad de toda la explotación, esto también debería tenerse en cuenta", opinó. Recordó además que en la mayoría de los casos, el 27% del dinero recibido se va en pagar impuestos.