La Audiencia de Zaragoza ha declarado firme la sentencia que ratificó la decisión del juzgado de primera instancia que exculpó al Gobierno de Aragón y al Ayuntamiento de la capital aragonesa de responsabilidad civil en el incendio de la discoteca Flying, en el que murieron 43 personas hace 24 años.

El tribunal hace su declaración en una diligencia de comunicación a las partes personadas en la causa en la que informa de la firmeza de la sentencia al no presentarse ningún recurso contra la misma, y en la que ordena devolver el procedimiento al juzgado de instrucción de origen, para su archivo, según han informado fuentes judiciales.

Estas fuentes han asegurado que esta sentencia pone punto final, a expensas de un "improbable" recurso contra la diligencia de comunicación, a un caso que se inició en la vía penal, continuó en la vía contencioso-administrativa y finalmente terminó, a instancias de las familias de 17 de las víctimas, en la civil.

La sentencia del Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza condenó al encargado de la discoteca al pago de 60.000 euros para cada una de las 17 familias y 240.000 a una mujer gravemente herida, sin reconocer responsabilidades de ninguna de las instituciones.

En su recurso, estas familias apelaban a que se reconociera la responsabilidad de las administraciones con competencias en materia de prevención de incendios y de industria y energía (ayuntamiento y Gobierno regional) por estimar que "sus acciones y omisiones determinaron o contribuyeron a causar el daño".

La Audiencia estimó que en el recurso no se aportaban hechos nuevos que los revelados en anteriores procesos, no existían nuevas pruebas y no se había "acreditado" la "concreta causa que originó el incendio" y su relación con las acciones u omisiones imputadas a las administraciones.

Así, el tribunal estimó que el nuevo informe aportado a la causa civil por el ayuntamiento de Zaragoza y elaborado por el ingeniero municipal José Ignacio Urraca no aporta novedad alguna respecto a las tesis de anteriores estudios periciales sobre las causas del fuego.

Afirma la resolución que el autor del informe "ni puede fijar con claridad y de forma incontestable la causa del siniestro, ni mucho menos y en consecuencia qué concretas acciones u omisiones de las administraciones demandadas están en relación con los hechos".

La vía civil ahora cerrada se vio paralizada a raíz del proceso contencioso interpuesto en 1997 por las familias de seis de las víctimas de la tragedia, para solicitar a las dos administraciones referidas el pago de indemnizaciones por un importe total de 1,2 millones de euros como responsables civiles subsidiarias.

Tras rechazar, en octubre de 2002, el último recurso interpuesto en vía de lo contencioso, el Tribunal Supremo ordenó a la Audiencia de Zaragoza reanudar la causa civil.