Los ayuntamientos con presas y centrales hidroeléctricas recaudaron el pasado ejercicio 4.313.494 euros por el impuesto de Bienes Inmuebles de Características Especiales (BICE), un IBI que también pagan puertos, aeropuertos, centrales nucleares y térmicas o autopistas de peaje. A esa cantidad se suma el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) abonado por las eléctricas, que ascendió a 819.530 euros.

El municipio que más cobra por estos conceptos es Montanuy (728.641 euros del BICE y 105.567 del IAE), ya que en su término se localizan varias infraestructuras, entre ellas el salto de Moralets, que con 200 megavatios es uno de los más grandes del Pirineo. Cotiza el vaso, la presa y también canalizaciones y tuberías. El BICE representa el 80% de los ingresos ordinarios de este ayuntamiento de 250 habitantes, que de IBI de la contribución urbana apenas recibe 22.000 euros y que este año dispone de un presupuesto de 1,8 millones de euros.

Los municipios que ocupan el segundo y tercer lugar son Alcalá de Gurrea (488.766 €) y Lupiñén-Ortilla (316.715 €), gracias al embalse de la Sotonera. Le siguen Viacamp (254.030 €), por el de Canelles, el segundo pantano con mayor capacidad de la cuenca del Ebro; y La Fueva (209.497 €), por Mediano. El Grado reporta importantes beneficios para las arcas de Secastilla (206.902 €) y El Grado (162.977 €). En total, el BICE lo cobran 51 ayuntamientos, y el IAE de la producción hidroeléctrica, 36.

No fue fácil conseguir que los embalses tributaran. Huesca y Lérida encabezaron desde el año 1994 la lucha de estos pueblos por cobrar impuestos a las empresas eléctricas, ya que las leyes anteriores declaraban estos bienes no sujetos a contribución.

Según explica Javier Gonzalo Migueláñez, asesor de la Federación Nacional de Municipios con Centrales Hidroeléctricas y Embalses, «empezaron pagando poco», pero tras dos pleitos ganados en el Tribunal Supremo nació el concepto de bienes especiales y se pasó de cobrar el 0,5% al 1,3%. En 2007 se revisaron los valores de todas las presas de España, más de 1.200, y las eléctricas presentaron 1.500 recursos, que perdieron o retiraron. «Actualmente el asunto está pacificado, aunque la inquietud de los municipios es que se vea alterado porque se está hablando de reformar el IBI», concluye.