Los buitres atacan de nuevo y los ganaderos culpan al sistema de recogida de cadáveres

Sobre las 18.00 de este lunes el ganadero Joaquín Naval recibió una llamada de su pastor: "Los buitres han matado a una oveja", le dijo. Es la primera vez que este ganadero pierde una pieza de su rebaño a causa de estas aves carroñeras pero la noticia no le sorprendió demasiado porque había visto sucesos similares en los medios: "No me parece nada normal que ataquen animales vivos. En mi casa llevamos muchos años siendo ganaderos -mi padre, mi abuelo...- y esto no pasaba. No sé si pasan hambre o no pero los ataques no los habíamos visto nunca".

Para Naval, está claro que el actual sistema obligatorio de recogida e incineración de cadáveres -gestionado por la empresa pública Sarga- es parte del problema. "Antes se dejaban los animales muertos en el campo y los buitres los hacían desaparecer en dos o tres días".

En 2011, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto que permite depositar los cadáveres en el campo en las zonas de ganadería extensiva para alimentar así a buitres y osos, y evitar los ataques a los rebaños. Sin embargo, en Aragón, los muladares (o comedores vallados) siguen siendo la única opción para estos animales porque todavía no se ha aprobado el decreto autonómico que regula esas 'zonas libres'.

Al ganadero que perdió una oveja este lunes le parece "una animalada" la actual dinámica de la Comunidad: "Tener que pagar a una empresa para que incinere los cadáveres y que luego haya que traer cadáveres de otro sitio para que haya comida para los buitres en los muladares".

Los buitres son aves carroñeras y como tal, su misión es "limpiar un poco", según tiene claro este ganadero. Por eso, le parecería más sostenible que se pudiesen abandonar los animales muertos en el campo en zonas de baja densidad ganadera.

Permitir las zonas libres

El sindicato agrario-ganadero UAGA lleva tiempo reclamando la aprobación del decreto autonómico y exige su rápida publicación y puesta en marcha: "Establecerá las zonas de protección para que el ganadero extensivo, cumpliendo con una serie de requisitos sobre salud pública, sanidad animal y medio ambiente, y que así lo desee, pueda dejar los cadáveres de sus animales para que se los coman los buitres en el monte", concretan desde la organización.

José Luis Lasheras, responsable de Sectores Ganaderos en la Comisión Ejecutiva de UAGA, insiste en que lo que se pide es "volver un poco al sistema de toda la vida", amparado por Bruselas en 2007 y por el decreto nacional en 2011.

Cuota anual

De momento, todos los ganaderos deben pagar un seguro anual de 0,45 euros por oveja para que, cada vez que se les muera una, aparezca un camión de Sarga y lo recoja para llevarlo a incinerar. A Joaquín, que tiene unas 1.000 ovejas, le supone un desembolso de 450 euros por adelantado. Si el decreto se aprueba tal y como está redactado en el borrador, todos deberán seguir pagando ese seguro aunque sus rebaños se encuentren en las zonas libres y tengan permiso para abandonar los cadáveres: "Dicen que si no usas el servicio de recogida luego te devuelven el dinero, pero en UAGA queremos lo contrario, que en las zonas libres no se tenga que pagar ese seguro que en el último año ha aumentado un 80% debido a los recortes".

Además, desde UAGA, piden también flexibilizar las características que deberán tener los medios de transporte para poder llevar los cadáveres de los animales: "Si exigen tener un vehículo específico adaptado para llevarlos hasta las zonas libres, resultará más fácil seguir llamando a Sarga -explican desde el sindicato-, lo que queremos es que los ganaderos extensivos puedan llevar los animales con sus propios medios hasta las zonas donde puedan depositarlos".

La Unión de Agricultores y Ganaderos tiene claro que el sistema vigente "ha creado un problema". Según suponen, los buitres pasan hambre y por eso atacan a ovejas y vacas vulnerables durante los partos, matando a las crías y a la madre. Por eso, exigen el desbloqueo del decreto que permitiría indemnizar a los ganaderos afectados y que fue rechazado en abril con los votos del PP y el PAR.