El dueño del pub de Fraga (Huesca) condenado a 4 años de prisión por las afecciones psíquicas causadas a un matrimonio debido a la intensidad del ruido generado desde su establecimiento solicitará el indulto del Gobierno para evitar su ingreso en un centro penitenciario. 

Así lo ha confirmado el letrado de este empresario, cuya condena, dictada en 2010 por la Audiencia de Huesca, ha sido ratificada este mes por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en una resolución que confirma los delitos medioambiental y de lesiones imputados al acusado.

El propio tribunal de la Audiencia de Huesca se mostró favorable en su sentencia a la concesión del indulto al considerar que la aplicación de la pena prevista para estos delitos en su grado máximo suponía una condena para el hostelero de prisión efectiva, que los magistrados consideraron entonces excesiva.

La petición de indulto se tramitará una vez el Tribunal Supremo devuelva el expediente del caso e incluirá un informe de la Fiscalía de Huesca, que aún no ha estudiado el asunto de cara a una toma de decisión.

La sentencia del tribunal oscense consideró probado que entre 2003 y 2007, el acusado, José Luis F.M., hizo caso omiso de las órdenes municipales y no tomó medidas para reducir los ruidos hasta los límites legales.

El tribunal oscense fundamentó su condena tanto en los informes municipales como en los aportados por los médicos forenses, para quienes la exposición a una intensa contaminación acústica durante los fines de semana en un lapso de cinco años generó fatiga crónica, insomnio por estrés y ansiedad al matrimonio denunciante, que requirió tratamiento farmacológico.

El relato de hechos probados, que el Supremo ratifica en su resolución, refiere que el acusado no sólo eludió los continuos requerimientos municipales para que presentara un proyecto con el que reducir el ruido sino que desatendió una prohibición para programar espectáculos en directo y una orden de suspensión cautelar de la actividad.

La Audiencia de Huesca condenó al acusado a 4 años y 1 día de prisión por un delito medioambiental, a 6 meses por las lesiones sufridas por el matrimonio y al pago de 16.540 euros en concepto de indemnización a los afectados.

Por su parte, los magistrados del Supremo admiten la responsabilidad del acusado aunque advierten que de la lectura de la sentencia de la Audiencia oscense se desprende la "ineficacia" de la administración a la hora de dar una respuesta inmediata a la petición de los denunciantes.