El tribunal del jurado ha declarado culpable al exsoldado profesional de origen venezolano Dióscar A.G. del homicidio del joven soldado gijonés (Asturias) Iván Castiello, el 11 de diciembre de 2009 en el acuartelamiento de San Bernardo de Jaca (Huesca). 

El jurado popular, tras unas deliberaciones que se han prolongado en la Audiencia de Huesca por espacio de casi siete horas, ha llegado a la convicción, por unanimidad, de que el procesado es el autor responsable de la muerte de la víctima.

Descarta el tribunal que el consumo de alcohol hubiera anulado de forma absoluta la voluntad del exsoldado profesional y solo admite que afectó "levemente" su capacidad de comprender la gravedad de los hechos.

Tras resaltar que el procesado fue "consciente" de lo ocurrido, el jurado popular se apoya en los testimonios de la médico de emergencias que atendió a la víctima y en el del forense para vincular la muerte a la herida que le infligió el procesado con una navaja.

Los hechos ocurrieron a primeras horas de la madrugada del 11 de diciembre de 2009 en la habitación que compartía el supuesto homicida con otros dos soldados en las instalaciones militares de la capital jaquesa.

Durante la vista, que comenzó el pasado lunes en la Audiencia de Huesca, el exsoldado aseguró no recordar nada de lo sucedido porque estaba "muy borracho".

Según el jurado, el procesado empuño la navaja que provocó la herida en el vientre de la víctima, que tenía 28 años en el momento de morir y que ocupaba la cámara contigua.

Por su parte, los compañeros explicaron que era "impulsivo y agresivo" y que había amenazado varias veces a la víctima.

La mayor parte de los testigos coincidieron en afirmar que el procesado solía comportarse habitualmente de forma "muy agresiva", "tanto cuando bebe como cuando está sobrio", resaltó uno de sus compañeros militares.

La sentencia del magistrado que ha presidido la vista tendrá que ajustarse al veredicto del jurado, aunque también tendrá que valorar la petición de la fiscalía y de la acusación particular de declarar al Ministerio de Defensa responsable civil subsidiario en el pago de las indemnizaciones a la familia de la víctima.

El fiscal ha reclamado, a tenor del veredicto del jurado, la imposición de una pena de 10 años de prisión por un delito de homicidio con la atenuante de embriaguez.

Por estos hechos, la fiscalía solicita la imposición al procesado de una indemnización de 52.000 euros para los dos hermanos de la víctima, mientras que el representante de la acusación particular reclama 200.000 euros por los daños morales sufridos.

Entienden ambas acusaciones que los hechos ocurrieron en un recinto militar y que el acusado tenía acumulado desde tiempo atrás un expediente de expulsión que no se había ejecutado.