El Gobierno aragonés volverá a intentar cobrar la indemnización de 6,5 millones de euros a la que fue condenada la industria química Inquinosa por los daños que causó al medioambiente desde la planta que gestionó en Sabiñánigo (Huesca) entre los años 1975 y 1990.

Así lo han confirmado fuentes de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, que han admitido a su vez las dificultades que plantea el cobro de esta cantidad a una empresa que desapareció de los registros empresariales españoles durante el proceso judicial instado por el Ejecutivo aragonés.

La decisión de continuar con las acciones legales para la ejecución de la sentencia fue adoptada en el transcurso de una reunión mantenida la pasada semana entre responsables de la Dirección General de Calidad Ambiental y los servicios jurídicos del Gobierno aragonés.

En dicho encuentro, los responsables de los servicios jurídicos recomendaron la contratación de una sociedad especializada en la investigación y rastreo de industrias y de patentes.

Aunque el Ejecutivo autónomo desistió años atrás de perseguir a la industria química debido a las dificultades que presentaba la localización de la empresa, el Departamento de Calidad Ambiental sigue interesado en conseguir que Inquinosa pague unas afecciones que siguen generando gasto para las arcas autonómicas.

Ejecución de la sentencia

Hace dos años, el Consejo de Gobierno del Ejecutivo aragonés acordó dejar en manos de la Consejería de Medio Ambiente la contratación de un bufete zaragozano para tratar de conseguir la ejecución de la sentencia.

Ahora, dos años después, la Dirección General de Calidad Ambiental ha requerido el apoyo de los servicios jurídicos del Gobierno para actuar contra la industria, cuyo último rastro se detectó en Rumanía. Los rastreos previos realizados por estos servicios jurídicos permitieron constatar que Inquinosa continuaba su actividad en Rumanía junto a una empresa química, Oitchim, supuestamente participada por el Gobierno de dicho país.

También se pudo comprobar que en 1997 se constituyó la sociedad Inquinosa Internacional para la importación y exportación de productos químicos, y que un año después se alió con JLM Internacional, con sede en Florida (EE.UU.) El rastreo en España permitió averiguar que una empresa con el mismo nombre mantenía la antigua sede de la industria en Madrid, aunque su composición societaria era distinta.

A pesar de las dificultades que plantea la investigación, el Departamento de Calidad Ambiental mantiene su interés en cobrar no solo la indemnización judicial sino otros gastos generados durante las labores de limpieza de la zona contaminada por la industria.

Inquinosa (Industrias Químicas del Noroeste) fue condenada en vía civil en 2003 a pagar 6,5 millones de euros por los daños causados al medioambiente por el vertido incontrolado de residuos tóxicos desde su planta de producción del pesticida lindano desde su planta de Sabiñánigo, clausurada a principios de los años noventa del pasado siglo.

La sentencia, fruto de una demanda civil interpuesta por el Gobierno aragonés y recurrida en distintas instancias por los abogados de la empresa, fue confirmada un año después por la Audiencia de Huesca, en una sentencia en la que se aseguraba que los vertidos realizados generaron un grave riesgo para la salud humana.

Ambos tribunales apreciaron que Inquinosa produjo vertidos altamente contaminantes no biodegradables, que nunca dispuso de autorización administrativa y que jamás los eliminó, de forma que su permanencia en los terrenos afectados suponían un riesgo tanto para el medioambiente como para las personas.

A pesar de que la representación legal de la empresa se personó en todas las causas judiciales en las que se dirimió su responsabilidad por daños al medio ambiente, la ejecución de la sentencia civil se vio imposibilitada ante la dificultad de los servicios jurídicos del Gobierno aragonés para localizar a la industria.